PJ dice que fiscalía sí tiene indicios para indagar a Kuntur Wasi

La República
19 Oct 2017 | 13:44 h

Tutela de derechos. Sala de Apelaciones acoge reclamo de abogados de los ejecutivos de la concesionaria del aeropuerto de Chinchero, pero considera que a la fiscalía solo le falta poner orden en sus disposiciones por delito de colusión.

El Poder Judicial acogió una tutela de derechos presentada por los principales directivos de la concesionaria Kuntur Wasi contra el Ministerio Público. Sin embargo, aunque en apariencia les da la razón a los abogados de la defensa, sale ganando el Ministerio Público.

Además, se trata de un tema que ya parece superado con la decisión del fiscal José Domingo Pérez Gómez de adecuar esta investigación a la Ley Contra el Crimen Organizado y ampliar las investigaciones por presunto delito de lavado de activos.

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Resolución N° 1

La defensa de Kuntur Wasi cuestionó las disposiciones de la fiscalía N° 1, 2 y 3 del 24 de febrero, y 10 y 24 de marzo de este año, cuando la fiscalía decidió investigar los contratos firmados por Kuntur Wasi con el Estado para la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero y las adendas.

En dichas disposiciones, la fiscalía dispuso el inicio de investigación, de manera sucesiva, al presidente de Kuntur Wasi, Carlos Vargas Loret de Mola; al director, Antonio Marco Guzmán Barone, y al gerente general, José Carlos Balta del Río, por el presunto delito de colusión, en agravio del Estado.

La fiscalía sostuvo que el objeto de la investigación era determinar si en el proceso de concesión los miembros del Comité Pro Integración de Proinversión concertaron con los mencionados representantes de Kuntur Wasi.

Los abogados de los principales directivos de la concesionaria dijeron que eso no era suficiente para poder defenderse y que la fiscalía debería dar más detalles de la forma y las circunstancias de la supuesta concertación.

En ese aspecto, el juzgado de investigación preparatoria y la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lima les dieron la razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa. La fiscalía ahora tendrá que precisar los motivos de la investigación por colusión.

Sin embargo, los jueces Victoria Sánchez, Bonifacio Meneses y Víctor Enríquez hicieron dos precisiones, en respaldo a la fiscalía.

Esto, dice la resolución judicial, “no significa que el Ministerio Público deba responder al nivel de exhaustividad propuesto en audiencia por las defensas técnicas, como la participación concreta, el grado de aporte, etapa del contrato, los elemenos de convicción”.

“Más aún cuando (...) los hechos revisten gran complejidad, no solo por la cantidad de personas naturales y jurídicas que estarían implicadas, sino por la naturaleza y trascendencia de los contratos y adenda materia de investigación”, subrayan.

Por lo cual, indican que, efectivamente, los indicios atribuidos a Guzmán no revisten precisión, pero que respecto a Vargas y Balta del Río, “existen serios indicios” por los altos cargos, y que solo faltaría darles orden. Una subsanación que debe realizarse en los próximos 30 días.

Laptop

El Poder Judicial validó la incautación de una computadora portátil en la sede de Kuntur Wasi, que se produjo el 17 de marzo pasado, con información relevante sobre contratos de mutuo suscritos por la empresa y los movimientos de dinero en el exterior.

Sigue proceso por crimen organizado

La Segunda Sala Penal de Apelaciones no se pronunció sobre la decisión del fiscal José Domingo Pérez Gómez de ampliar las investigaciones contra los tres principales directivos de Kuntur Wasi por lavado de activos y adecuar la investigación a la Ley de Crimen Organizado.

El 10 de octubre, el fiscal Pérez Gomez amplió las investigaciones a Kuntur Wasi, representada por Carlos Juan Vargas Loret de Mola y José Balta del Río, por presunto delito de lavado de activos, de las ganancias ilícitas que se habrían generado en la fase de ejecución del contrato de concesión del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero en el Cusco.

Además, en la misma fecha se adecuaron las investigaciones a la Ley Contra el Crimen Organizado.

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