Eduardo Vega: “Que el Ejecutivo envíe otro proyecto ampliatorio o sustitutorio sobre el CNM”

La República
06 Ago 2017 | 13:50 h

Eduardo Vega Luna. Director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), de la Compañía de Jesús. Ha sido presidente de la Comisión Presidencial de Integridad y defensor del Pueblo. Abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El ex defensor del Pueblo Eduardo Vega pasó de la Comisión de Integridad, formada ante el escándalo del otrora asesor palaciego Carlos Moreno, a la labor académica en la jesuita Universidad Ruiz de Montoya. En esta faceta, sigue la agenda anticorrupción. Nos habla del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la reforma electoral y otros temas.

¿Qué opina del proyecto del gobierno para cambiar el CNM, considerando que la Comisión de Integridad había dado un planteamiento distinto?

Es malo. Mi primera invocación al Ejecutivo es que envíe un proyecto ampliatorio o sustitutorio que pueda dar inicio a un debate sobre la base de una mejor propuesta. El presidente ha reiterado que no es un proyecto cerrado y que están dispuestos a escuchar opiniones y propuestas para un debate amplio. En la Comisión de Integridad que presidimos, nosotros planteamos una reforma constitucional del CNM, pero la vía del proyecto del Ejecutivo no es la más adecuada.

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¿Por qué es malo?

Es volver a un modelo con representantes directos del Ejecutivo y el Congreso, que tiene riesgo de politización del CNM. Si algo hay que fortalecer, es la independencia, idoneidad y profesionalización de los magistrados. Se trata de tener un modelo lo más alejado posible de la interferencia política. Además, reducir el número de consejeros generará gran carga de trabajo: ven nombramiento, evaluación, ratificación, destitución de jueces y fiscales. Otro elemento clave: no se puede eliminar la participación de la sociedad civil. Los cuestionamientos han venido por cómo se ha estado eligiendo y devenido en cuotas de poder. Pero eliminar a esa participación no es lo correcto.

La Comisión de Integridad propuso que se haga un concurso público para elegir consejeros. ¿Por qué esta opción?

Marcamos que el objetivo central era asegurar idoneidad, autonomía e independencia de los miembros del CNM. En el proceso de selección hablamos de una mitad de miembros elegidos por concurso público de méritos a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Era una composición mixta: representación de sectores y concurso de méritos. La transparencia era un elemento central también.

Diversos sectores formaron el Acuerdo Nacional por la Justicia para tratar estas reformas, pero de una reunión del presidente y Keiko sale esta propuesta. ¿Qué nos dice esto?

Quiero pensar que ha habido apresuramiento en plantear esta propuesta sin consultar a lo que el gobierno impulsó, el Acuerdo por la Justicia, y sin tomar en cuenta propuestas dadas. Hay que pedir una señal de que no hay intención de interferir con la autonomía e independencia del CNM, a gobierno y oposición.

¿Cuál sería esa señal?

No empezar debatiendo el tema por este proyecto sino planteando uno nuevo. El Ejecutivo debe tomar la iniciativa.

¿Cuánto de la Comisión de Integridad se ha aprovechado?

La ministra de Justicia, en enero, dijo que habían aprobado 40% de nuestras recomendaciones. Luego, aumentó puntos. Avances normativos son la muerte civil para corruptos, la responsabilidad penal de empresas, la protección a denunciantes de corrupción, la ley de contrataciones públicas con candados anticorrupción; y del Congreso, la imprescriptibilidad de delitos de corrupción. Hay pendientes.

¿Cuáles?

La Autoridad de Transparencia debería tener un nivel de organismo regulador, pero ha sido creada dentro de una dirección del Ministerio de Justicia. Y las declaraciones juradas de interés deberían darse por una ley. También se requiere una nueva ley de lobbies. En casos como Odebrecht, vemos cómo han operado los lobbies sin ninguna norma.

Más allá de las normas, hay qué ver cómo se implementan.

Está pendiente cómo se va a implementar todo esto. Entre los avances también está contar ahora con un sistema especializado de justicia anticorrupción, pero veremos los resultados recién: cómo actúa nuestra justicia frente a este gran caso, que es Lava Jato.

La reforma electoral es otro tema pendiente que abordó la Comisión de Integridad. ¿Cómo toma los cambios en el Congreso para asumir esto?

Es el gran pendiente. Tiene que haber priorización de temas de cara al próximo proceso electoral de gobiernos regionales y locales. Yo pediría al nuevo presidente del Congreso que se pueda priorizar la reforma del financiamiento de organizaciones políticas.

¿De qué manera?

Hay cinco temas muy concretos que deberían incorporarse en esta legislatura: que no hayan donaciones anónimas; la bancarización de aportes mayores a una UIT (4 mil 50 soles); la proscripción del financiamiento de empresas o gobiernos extranjeros –Odebrecht es una muestra de cómo se opera–; limitar el financiamiento por actividades proselitistas, como rifas, polladas, cenas, cocteles, etc.; y fortalecer las facultades del JNE y de la ONPE para sancionar los incumplimientos.

¿Qué pasa si no se hace?

El riesgo es que siga penetrando dinero ilícito a las campañas electorales. El narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas pueden estar financiando campañas.

¿Estamos a tiempo para llegar a los comicios del 2018?

Si en esta legislatura se hace, creo que estamos a tiempo para tener un nuevo marco normativo en las elecciones del 2018. Si no sale en esta legislatura, el Congreso estaría dando una clara señal de que no hay voluntad de fortalecer nuestro sistema electoral, la elección de nuestras autoridades y la lucha anticorrupción.

En su actual labor, ha elaborado una plataforma anticorrupción. ¿En qué consiste?

En esta primera etapa, tenemos un mapeo anticorrupción de iniciativas y tareas pendientes en el Estado, las empresas y la sociedad. Las estadísticas sobre corrupción muestran que en las procuradurías hay 32 mil denuncias, la fiscalía investiga 14 mil, el Poder Judicial da tres mil 200 condenados y hay 506 presos. Hay efecto de cascada y alta percepción de impunidad. Esto cambiará: no habrá beneficios en estos casos. Este martes presentamos la plataforma. Buscamos involucrar a más gente contra la corrupción.

¿Como ve la Defensoría del Pueblo en la nueva gestión?

Es prematuro hacer una evaluación definitiva de una gestión que tiene meses. La Defensoría se caracterizó por mantener una línea de actuación en todas las gestiones. Es el reto que tiene el doctor Walter Gutiérrez. Ha habido actuaciones importantes como el del peaje de Puente Piedra, las visitas a las unidades de emergencia de los hospitales y la labor sobre los servicios públicos. Toca que esa institución se fortalezca.