Walter Aduviri es condenado a siete años de cárcel

Decisión unánime. Jueces lo hallaron responsable de autoría mediata del delito de disturbios por el saqueo, quema de instituciones públicas y ataques a la propiedad privada el 26 de mayo del 2011. Aduviri rechaza condena y apelará medida.

7 Jul 2017 | 1:53 h

El Poder Judicial dictó siete años de prisión efectiva para el ex dirigente Walter Aduviri Calisaya por los hechos de violencia ocurridos durante el “Aimarazo”. Este conflicto estalló en el 2011 para rechazar las concesiones mineras en la zona sur de Puno. Los otro nueve procesados fueron absueltos. El ex dirigente aimara no asistió a la audiencia de adelanto de lectura de sentencia. La resolución judicial lo obliga a pagar 2 millones de soles de reparación civil.

El juzgado presidido por el juez Roger Istaña Ponce e integrado por Víctor Calisaya Coila y Yessica Condori Chata lo declaró responsable del delito de disturbios por el saqueo y quema de instituciones públicas y ataques a la propiedad privada el 26 de mayo del 2011. La condena será ejecutada una vez que quede consentida y ejecutoriada en última instancia. Mientras, Aduviri podrá desplazarse libremente.

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Argumentos

La decisión de sentenciarlo fue por unanimidad del colegiado. Si bien al ex dirigente lo condenaron por disturbios, lo libraron de la acusación de extorsión. El juez Víctor Calisaya precisó que Aduviri y sus coimputados no podían ser condenados por este delito. En el proceso no se acreditó los requisitos mínimos que exige este tipo penal.

El magistrado recordó que los aimaras se movilizaron porque su pretensión era la derogatoria del Decreto Supremo 083-2007. Este exceptuaba a la empresa Bear Creek de la prohibición (establecida por la Constitución Política) de que las compañías extranjeras puedan realizar actividades directa o indirectamente dentro de los cincuenta kilómetros de zona de frontera. También solicitaron la anulación de todas las concesiones mineras.

Calisaya consideró legítima la marcha de los aimaras contra dicha norma. Según él, el Estado, al otorgar concesiones sin permiso de las comunidades, vulneró el derecho a la consulta previa, así como el territorio. En ese aspecto, consideró que los procesados no podían ser condenados por extorsión: realizando la protesta no persiguieron ventaja económica ni obtuvieron algo ilegítimo.

Sin embargo, los jueces sí hallaron responsabilidad contra Walter Aduviri por el delito de disturbios. El 26 de mayo, en la protesta, locales públicos y privados fueron atacados e incendiados.

El fiscal Juan Monzón Mamani los acusó de coautores no ejecutivos; aquellos que no están presentes en actos violentos pero sí los direccionan.

Sin embargo, los jueces Roger Istaña Ponce y Víctor Calisaya Coila se desvincularon de la acusación fundamentada por el Ministerio Público. Decidieron sentenciarlo como “autor mediato”. Se le conoce así a la persona que causa un resultado sirviéndose de otra como medio o instrumento para consumar el hecho. La jueza Yéssica Condori Chata, por su parte, consideró que sí podía ser condenado como “coautor no ejecutivo”.

Víctor Calisaya y Roger Istaña coincidieron en que, bajo el contexto social y cultural del desarrollo de los hechos, Aduviri sí tenía dominio de la voluntad de los aimaras a través de una organización, “Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno”. Víctor Calisaya explicó que hubo una subordinación tácita de esa organización hacia Aduviri. Él era el líder, tenía el mando de este grupo.

Por su parte, Roger Istaña explicó que varios videos presentados por el Ministerio Público y la declaración de testigos acreditan que Aduviri tenía control sobre la voluntad de las personas. “Pruebas tangibles existen”, aseguró Istaña Ponce. Recordó que cuando ofreció una entrevista a un medio de comunicación de la capital advirtió que si lo detenían las acciones de protesta se radicalizarían.

Víctor Calisaya precisó que no podían haber sentenciado al ex dirigente por “coautoría no ejecutiva”. No se ajustaba al contexto social. Aclaró que no cabía la figura de coautoría porque no se acreditó concierto de voluntad entre los imputados. Por esa razón fueron absueltos de todo cargo Patricio Illacutipa Illacutipa, Gilver Chura Yupanqui, Javier Pari Sarmiento, Rufino Machaca Quinto, Domingo Quispe Tancara, Edy Uriarte Chambilla, Gregorio Ururi Fernández, Felix Illacutipa Mamani y Severo Efraín Iturri Gandarillas.

Mientras el juzgado colegiado daba lectura de su adelanto de fallo, en las afueras de la Corte Superior de Justicia de Puno cientos de aimaras arengaban a favor de Aduviri. Eran más de 1500 campesinos que llegaron procedentes de la mayoría de provincias de la zona sur de Puno. Lucían pancartas de respaldo.

“Acá lo podrán sentenciar pero nosotros por ningún motivo permitiremos que vaya a la cárcel. Nos vamos a volver a organizar”, precisó José Cullasi, poblador del distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito-Juli. Más de 300 efectivos de la Policía Nacional acordonaron la Plaza de Armas para evitar que tomen el Poder Judicial. Apenas conocieron la decisión de los jueces, los manifestantes reaccionaron con pifias y arengas contra el Poder Judicial. Las mujeres lloraron.

Mitin con Aduviri

En la noche llegó el dirigente sentenciado a un improvisado mitin. En él se anunció una paralización regional este 18 de julio para cambiar la sentencia.

Aduviri empezó su mensaje pidiéndoles a los pobladores que no se rindan y hagan respetar sus derechos. Acusó a los jueces de jugar del lado de la fiscalía y direccionar la investigación y el fallo final. Los calificó de colonialistas. Aseguró que apelaría esta sentencia hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El dirigente apelará el fallo

  • Para el 18 de julio se convocó a las partes a escuchar la lectura completa de la sentencia. Martín Ticona, abogado de Walter Aduviri, aseguró que apelará el fallo.
  • “Los jueces se desvincularon de la acusación y firmaron su sentencia. Eso vamos a apelar porque es evidente que el propósito era condenar a una persona. Eso no es justicia. Se ha forzado la sentencia”, dijo.
  • Precisó que lo único positivo del fallo es que los jueces reconocieron que en 2011 las comunidades aimaras hicieron uso de su derecho de protesta legalmente, frente al permiso ilegal de explotación del proyecto mina Santa Ana.

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