El día después de mañana

Pocos hubieran imaginado que ayer Pedro Castillo terminaría arrestado en la Prefectura después de dar un golpe de Estado al disolver el Congreso al más puro estilo fujimorista, antes de que se realizara el debate sobre su vacancia. Su accionar no solo fue rechazado de inmediato por las Fuerzas Armadas y policiales, el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE, el Reniec, entre otras organizaciones, sino que dio lugar a que el Congreso, en un trámite expeditivo, lo vacara por incapacidad moral permanente con 101 votos a favor y que la vicepresidenta Dina Boluarte asumiera la presidencia.

Es probable que el grueso calibre de las denuncias por corrupción de colaboradores eficaces en los últimos tres días, y el saberse culpable de ellas, lo hayan obnubilado y expliquen su proceder, sobre todo, porque diferentes medios señalaban que no se contaba con los 87 votos necesarios para vacarlo. De haber sido inocente, como lo señaló en su mensaje a la nación el martes en la noche, hubiera ejercido su defensa en el Congreso.

La asunción a la presidencia de Dina Boluarte es una válvula de descompresión de la crisis política desatada por el frustrado golpe de Estado de Castillo para una ciudadanía, agobiada por esta maraña de corrupción sin modales combinada con pugnas entre los poderes del Estado. La tregua y el diálogo invocados por el GAN estarán a cargo de Boluarte y así lo ha anunciado al señalar que conformará un gabinete de amplia base.

En estas circunstancias, el Consejo Permanente de la OEA se reunirá hoy en sesión extraordinaria en Washington para analizar el informe preliminar elaborado por el Grupo de Alto Nivel (GAN), que visitó nuestro país durante tres días a partir del 20 de noviembre. El informe no dejó satisfecha a la mayoría de analistas locales, básicamente por recoger versiones que señalan que en el Perú los medios de prensa están concentrados en pocas manos —lo que es cierto— que carecen de objetividad y que en algunos casos son desestabilizadores, y que se atribuyera la crisis de gobernabilidad a la “guerra civil” entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, sin mencionar explícitamente el rol de la corrupción en esta. Al respecto, el GAN señaló que la fiscalía debería continuar con las investigaciones y que los impases entre ambos poderes del Estado debía resolverlos el Tribunal Constitucional (TC). Lo que no previeron es que sería la corrupción la que haría estallar por los aires el castillo del presidente.

La tregua de cien días y la invocación al diálogo propuestas por el GAN fueron vulneradas inmediatamente. El nombramiento de Betssy Chávez en reemplazo de Aníbal Torres, quien renunció después de que el Congreso rechazara la confianza solicitada por él, para que apruebe un proyecto de ley para modificar las restricciones contra el referéndum, fue una bazuca al diálogo con el Legislativo. Además, los miembros del gabinete recargaron municiones para disolver el Congreso al firmar la improcedente acta que tomaba esta respuesta del Congreso como primer rechazo a la cuestión de confianza, lo que fue desestimado por el TC.

Otros que deberán tomar decisiones son los presidentes de la Alianza del Pacífico, cuya cumbre se suspendió en México mientras el GAN se encontraba en Lima. Los presidentes Petro, AMLO y Boric apoyaron la postergación, en un inequívoco apoyo a Castillo ante la negativa absurda del Congreso de no autorizar su participación. En enero de este año, en Colombia el expresidente Iván Duque le cedió la presidencia pro tempore de la Alianza, y AMLO no asistió. Envió a su canciller Marcelo Ebrard. En la reunión que tuvieron Castillo y Boric en Santiago, acordaron que esta se realizaría en Lima el 14 de diciembre, oportunidad en la que AMLO le transferiría personalmente la presidencia pro tempore a Castillo. Esto no será posible pues Castillo, lamentablemente, no ha sido la excepción a las garras de la corrupción, al igual que todos los presidentes electos peruanos durante las últimas tres décadas.