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Una contrarreforma innecesaria, por Iván Ortiz

“Pero, además, es necesario tomar conciencia de que se trata de una contrarreforma equivalente a las que se han impulsado contra la educación superior...”.

Por: Iván Ortiz Sánchez (*)

Nuestras ciudades se caracterizan por un alto déficit de vivienda, un crecimiento urbano informal con ausencia y/o débil planificación, la fragmentación de la autoridad local y constantes cambios de zonificación sin una mirada integral, cambios que muchas veces se aprueban en contra de la opinión ciudadana.

Esta realidad urbana se debe, en parte, a que no hemos tenido en nuestro sistema jurídico una ley que regulara el desarrollo urbano y estableciese límites a la propiedad del suelo urbano vinculado a dicho desarrollo, conforme al bien común y el interés general. En este contexto, se aprobó la Ley Desarrollo Urbano Sostenible (2021), que logró consenso entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el voto de 92 congresistas. Muy pocas normas son aprobadas con alto nivel de consenso.

En ese marco, el Proyecto de Ley 3393-2022, nos parece peligroso pues atenta contra los principales aportes de la Ley Desarrollo Urbano Sostenible. La propuesta limita la participación ciudadana en la planificación urbana, volviendo a la situación anterior, en la que los planes de desarrollo urbano son elaborados entre cuatro paredes. Desvincula los cambios de zonificación de la actualización de los planes de desarrollo urbano, regresando a cambios de zonificación fragmentados y que responden a intereses privados antes que a una mirada de ciudad. Y restringe algunos instrumentos de gestión y financiamiento urbano que existen desde varias décadas en la mayoría de nuestros países vecinos. De igual modo, incorpora la existencia de “derechos adquiridos” por el propietario del suelo bajo una zonificación determinada, lo que impediría en muchos casos la actualización de planes a las nuevas necesidades de las ciudades, y que sería inconstitucional pues en nuestra carta magna se establece la teoría de los “hechos cumplidos”.

Finalmente, la propuesta de ley elimina la prohibición de la discriminación de la vivienda de interés social en los parámetros urbanísticos, entre otros aspectos controversiales.

Desde nuestro punto de vista, son modificaciones perjudiciales para el desarrollo urbano de nuestras ciudades. Pero, además, es necesario tomar conciencia de que se trata de una contrarreforma equivalente a las que se han impulsado contra la educación superior universitaria o el transporte público.

Consideramos que es necesario dialogar para fortalecer la Ley DUS y, en ese sentido, culminar de reglamentarla, para luego implementarla. A casi un año de su vigencia, no debemos debilitar esta norma de vital importancia para el desarrollo urbano con una contrarreforma que atenta contra el derecho a la ciudad. El Congreso debe cumplir su función con responsabilidad en la promoción de un desarrollo urbano sostenible.

(*) Profesor Asociado PUCP. Coordinador CONURB

La República

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