OEA: El breve instante en que estás

La visita de la misión de la OEA no resolverá la crisis política del Perú. Pero su presencia es importante como potencial facilitador de un diálogo que apacigüe la conflictividad que tiene paralizado a nuestro país, agobiado por los graves problemas económicos y sociales agudizados por las secuelas de la pandemia y de la guerra en Ucrania. La OEA no ha encontrado indicios de un golpe de Estado con tanques en la calle, como muchos analistas señalan para subestimar la visita. Pero sí, una precaria institucionalidad y una irreconciliable pugna entre los poderes del Estado que podrían derivar en un quiebre institucional y estallidos sociales.

Es innegable que Castillo no ha dado la talla para gobernar el país a través de amplios consensos. No se ha rodeado de gente idónea, ha cambiado a más de 70 ministros y tiene acusaciones serias de corrupción. Pero cierto es también que el maestro chotano ha sido acosado por sus opositores desde que fue electo presidente para evitar que asumiera el cargo. Proclamada su investidura, las acciones no han cesado: dos intentos de vacancia en seis meses, denuncia constitucional por traición a la patria, impedimentos de salida para participar en eventos internacionales, intentos para impedir que Lima fuera sede de la Asamblea General de la OEA por el tema del famoso baño, etc.

La gota de agua que determinó la activación de los artículos 17 y 18 de la Carta Interamericana Democrática fue la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ella entregó al Congreso múltiples carpetas con supuestos actos probatorios de la comisión de delitos como organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, y apostó a que el Congreso logrará extender el ámbito del artículo 117 a casos de corrupción y permitir un juicio político a Castillo. Paralelamente, corría otra denuncia por traición a la patria por sus declaraciones periodísticas sobre el acceso al mar a Bolivia, este sí, uno de los cuatro aspectos contemplados en el artículo 117.

En plena visita de la misión de la OEA, el Tribunal Constitucional, por unanimidad, declaró improcedente la acusación por traición a la patria, puesto que el informe carecía de sustento técnico. Además, blindó a Castillo al sentenciar que solo asuntos de especial relevancia pueden activar un antejuicio político en los términos previstos en el artículo 117 de la Constitución pues lo contrario podría exponer recurrentemente al jefe de Estado a escenarios de inestabilidad y desgobierno, que alteran la institucionalidad democrática y la legitimidad de los poderes públicos.

El mismo día, la Corte Suprema dictó un fallo en el que dictaminó que, durante su gobierno, Castillo continuará siendo investigado por la Fiscalía, pero solo a nivel de investigaciones preliminares. Es decir, no se lo puede acusar ni procesar pues el artículo 117 solo establece cuatro causales para ello: traición a la patria, impedir las elecciones, presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver arbitrariamente el Congreso e impedir el funcionamiento de los organismos electorales. Así, la fiscal Benavides —de la que nadie dice mucho por haber despedido a la fiscal suprema Bersabeth Revilla que investigaba a su hermana, la jueza Emma Benavides, por estar involucrada en delitos de cohecho y asociación ilícita— ha perdido su estrellato para vacar a Castillo.

La tercera victoria de Castillo en presencia de la OEA fue la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien suspendió la cumbre de la Alianza del Pacífico, programada para mañana, en protesta porque no recibió autorización del Congreso para viajar y recibir la presidencia pro tempore. AMLO anunció que haría la Cumbre en Lima, junto con los presidentes Boric de Chile y Petro de Colombia, a pesar de que la visita de estos a México tendrá lugar de todos modos, a nivel bilateral, junto con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que quiere integrarse a este ahora devenido club de líderes de izquierda.