La guerra contra Sunedu
Congresistas insisten en demoler reforma educativa y usan artimañas para lograrlo.
Una nueva fórmula por la que han optado 33 congresistas para seguir con su tarea de destruir la reforma educativa y uno de los principales pilares de esta, como es la Sunedu, ha sido presentar una demanda de inconstitucionalidad contra una ley que ellos mismos aprobaron en el Congreso.
La demanda se ha presentado ante el Tribunal Constitucional, con la intención de recibir una negativa y con ello poder incumplir el mandato judicial con el que se suspendió la aplicación de la Ley 31520, que incluso fue publicada en el diario oficial El Peruano por disposición de la entonces presidenta del Congreso, Lady Camones.
La ley aprobada por la alianza del fujicerronismo y la oposición conservadora integrada por partidos políticos aliados del fujimorismo debilitaba la institucionalidad de la Sunedu, además de afectar la propia reforma, introduciendo cambios en la rectoría del Ministerio de Educación para universidades públicas y la reducción de los estándares de calidad para obtener el licenciamiento de los centros superiores de estudios, bajo una falsa promesa de autonomía que ya existe y está garantizada constitucionalmente.
Esta ley quedó inaplicable por disposición judicial que determinó un amparo para Sunedu y exigió que todas las universidades acataran la medida. Ahora, con la artimaña de su pedido de inconstitucionalidad, que buscan que pierda ante el TC, estiman que podrán superar la orden cautelar y echar mano de la Sunedu para que vuelva a ser un remedo de la Asamblea Nacional de Rectores, donde las autoridades eran juez y parte.
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También se abre una oportunidad para las universidades que no han logrado el licenciamiento por no alcanzar a satisfacer los criterios técnicos de la Sunedu, como son infraestructura, investigación y calificación docente, para poder seguir lucrando con la buena fe de los padres de familia, mientras se mantienen carreras universitarias que son una estafa.
Loa 33 congresistas que firman el pedido de inconstitucionalidad tendrán que explicar qué motivación existe detrás de este interés interminable por afectar la reforma educativa y destruir la autonomía de la Sunedu. Los operadores de estas movidas representan intereses particulares y subalternos, que poco tienen que ver con la calidad educativa y la garantía de una educación superior que realmente prepare a los profesionales y técnicos del futuro.
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