Bomba de tiempo
La perjudicial decisión del TC, que otorga iniciativa de gasto al Congreso.
Con la autorización otorgada por el Tribunal Constitucional al Congreso para adoptar decisiones que generen gasto, se estima una pérdida para el Estado del orden de los 95.146 millones de soles. Este déficit ha sido calculado por el MEF en una reciente evaluación de lo que dejaría de ingresar al fisco y al mismo tiempo el nuevo gasto que se generaría. Es como bajar el techo de los ingresos y subir el piso de los gastos, ha ejemplificado el ministro Kurt Burneo.
El cálculo se hace a partir de medidas que podrían aprobarse en el Congreso con esta nueva prerrogativa concedida por el TC. Cita por ejemplo el caso de los pretendidos nuevos cálculos de montos y tasas del impuesto selectivo al consumo para casas de apuestas y casinos, con la intención de liberar de algunos impuestos a este rubro de negocios. O la propuesta para un régimen de incentivos para empresas morosas con la Sunat o medidas destinadas a modificar multas por capacitaciones para las mypes.
Son todas medidas que van a generar desorden fiscal y que pueden ir minando el presupuesto general, lo cual le resta fuentes de ingresos al Estado y recorta las funciones que son propias del Ejecutivo.
El Tribunal Constitucional, al emitir sentencia sobre la Ley 31125, interpretó el artículo 79 de la Constitución, que le prohíbe al Congreso cualquier iniciativa de gasto. Con el voto en contra del magistrado Monteagudo Valdez, quien defendió en todos sus extremos el artículo constitucional, se señaló que el Congreso puede tener iniciativa de gasto, aunque no en el presupuesto general de la República del año presente, sino en los presupuestos futuros.
La situación que se está gestando es una verdadera bomba de tiempo cuyos efectos se sentirán en la propia administración del aparato público, que tuvo siempre como ente rector al MEF. Este recorte de facultades resulta siendo un grave precedente para cualquier decisión en temas fiscales que pueda adoptar el Congreso.
La interpretación que están dando los especialistas sobre la polémica decisión del TC es que se trata de una muestra más de la poca independencia que tienen magistrados elegidos por el Congreso, en procesos poco transparentes y que responden a las pujas internas y acuerdos subalternos entre las bancadas, y no al interés ciudadano que exige fallos técnicos y no politizados.
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