Sí tiene límites

La versión chicha de nuestro neoliberalismo ha hecho que los que se creen dueños del país piensen que el derecho de propiedad no tiene ningún tipo de límite. Que pueden hacer y deshacer a su antojo sin que medie ningún otro tipo de interés, menos aún el interés común.

Lo creen porque en parte así han podido ejercer ese derecho. Desde los 90 se impuso la lógica del mercado y la promoción –a como dé lugar– de la inversión privada. Se limitó al extremo la acción pública, incluso yendo más allá del propio marco constitucional. Pero la acción descontrolada del mercado ha traído consecuencias nefastas para la vida social. Por ejemplo, la explotación minera sin supervisión ambiental no podía seguir y tampoco podían mantenerse las ganancias ilimitadas de las mineras.

Esto mismo está pasando frente al crecimiento urbano. Es cada vez más claro que no puede seguir como hasta ahora. Si bien ha supuesto un incremento de riqueza para algunos, privatizándose los beneficios, también ha traído un conjunto de demandas sobre servicios urbanos esenciales, como el acceso al agua. Pero estas consecuencias por el contrario se han socializado, las pagamos todos. ¿Es eso justo?

No es justo, sobre todo porque el aumento del valor del suelo se da en gran medida por decisiones e inversiones públicas. Si hay un terreno en los límites de la ciudad calificado como agrícola, no puede construirse ahí un edificio de 20 pisos. Pero si la municipalidad hace nuevas vías de acceso y cambia la zonificación, volviendo ese terreno uno urbano sí podrá hacerlo. Al tomar esas decisiones, el municipio ha incrementado el valor del suelo. Si antes valía 100, ahora vale 1.000. La pregunta es ¿esos 900 adicionales se quedan sin más en el bolsillo del propietario?

La congresista Norma Yarrow cree que sí, amparándose equivocadamente en el derecho de propiedad, promoviendo así la especulación urbana y legitimando el enriquecimiento sin justa causa.

La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS) permitiría, si se llegara a aplicar, cosa que aún no ocurre, que un 30% del valor adicional –el que se ha creado por decisiones públicas– sea recuperado por el Estado para invertirse en obras públicas y en vivienda social. Esto es posible por que la Constitución lo permite, en su artículo 70 señala que el derecho de propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites que la ley establece. Que el derecho de propiedad sea inviolable no quiere decir que sea ilimitado y menos aún abusivo, por el contrario, es un derecho que no puede afectar el bien común, que debe promoverlo y justamente por eso el Derecho Urbanístico tiene cabida.

La Ley DUS no es radical en la región. Países como Colombia o Brasil, con economías de libre mercado, tienen instrumentos normativos mucho más radicales frente al control del uso del suelo. No permitamos que la especulación inmobiliaria gane la batalla. Sí tiene límites