Entrada gratis al Parque de las Leyendas: ¿cómo acceder?
Fuertes lluvias desde este jueves 28 de marzo

En defensa del aborto terapéutico, por Lucia Solis

“No les importa las miles de muertes maternas y de bebés recién nacidos. (…) Se llaman a sí mismos ‘pro vida’, pero no les interesa ninguna. Para contrarrestar esta situación es básico y crucial contar con el protocolo de aborto terapéutico”.

Noventa años. Ese fue el tiempo que tuvo que pasar para que el aborto terapéutico, legal en el Perú desde 1924, cuente con un protocolo de atención integral. Pero ni siquiera ello es garantía para que se respete dicho logro; porque esta guía, resultado de décadas de lucha, se encuentra en peligro de ser declarada ilícita como consecuencia de una demanda misógina y fanática por parte de la Asociación Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro contra el Minsa.

Perú es el único país de la región en donde no se registran avances relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo y, a diferencia de otros países vecinos como Ecuador, Chile o Bolivia, solo se puede realizar en un supuesto: cuando está en riesgo la vida de la persona gestante o para evitar un daño grave y permanente en su salud. Es decir, se cuenta con una sola causal; la misma que ahora la Corte Suprema debería defender y ratificar.

No es la primera vez que colectivos anti derechos y sus aliados en el Congreso y otras instituciones intentan traerse abajo los pocos, pero importantes avances respecto a derechos con perspectiva de género. De hecho, en el mismo año en que se aprobó el protocolo de aborto terapéutico, la ONG Ala Sin Componenda buscó frenar su implementación a través de otra reclamación. Fracasaron, sí, pero la insistencia de estos grupos prueba algo: van por todo.

A este punto no solo es indignante, sino también aterradora y preocupante esa obsesión por controlar los cuerpos y decisiones de las mujeres y otras identidades sexo genéricas, sin que se detengan a pensar en el riesgo al que exponen sus vidas si llevan a término un embarazo inviable. No les importa las miles de muertes maternas y de bebés recién nacidos. Cerca de tres mil y más de diecisiete mil, respectivamente, desde 2014. Se llaman a sí mismos ‘’pro vida’', pero no les interesa ninguna. Para contrarrestar esta situación es básico y crucial contar con el protocolo de aborto terapéutico.

En 2005, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un dictamen que encontraba al Estado peruano responsable de negarle el acceso a la interrupción terapéutica del embarazo a K.L., sometiéndola a tratos crueles y degradantes. Este hito fue uno de los principales motivos para la creación del protocolo que actualmente la Asociación Santo Tomás Moro se busca tumbar; ese mismo documento que configura una de las pocas herramientas que tienen las peruanas en materia de salud sexual y reproductiva. Ir contra él es atacar derechos humanos fundamentales. Es un retroceso absoluto.

En las calles y a través de la organización colectiva, los feminismos defienden el aborto terapéutico, a la vez que alzan el grito por la ampliación de esta potestad, pero no es el único canal para frenar este tipo de amenazas a la autonomía e integridad de las mujeres y diversidades. También se puede – y se debe – hacer a través de la difusión de información rigurosa y verídica, producida desde un enfoque feminista, y que contribuya al entendimiento del aborto no como un capricho o crimen, sino como un derecho legítimo de todas las mujeres y otras personas con capacidad de gestar.

Lucia Solis Reymer

Casa de Brujas

Periodista y editora de género en Grupo La República. Licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y máster en Estudios de Género por la Universidad Complutense de Madrid.