OEA: una presencia positiva para el Perú

El apoyo del Consejo Permanente de la OEA a la solicitud del presidente Castillo de activar los artículos 17 y 18 de la Carta Interamericana Democrática, y la resolución —aprobada por aclamación— que anuncia el envío de una Misión de alto nivel a nuestro país, es un respaldo a su frágil y tambaleante gobierno. En la resolución se expresa la solidaridad “al gobierno democráticamente electo” y a “la institucionalidad democrática”.

El hecho de que gobiernos con diferentes miradas políticas la hayan apoyado es atribuido, por la oposición local, al desconocimiento que tiene la OEA sobre lo que ocurre en el Perú, o a la vieja amistad del embajador Forsyth con Almagro, que “le canta al oído”. Se equivocan. Los gobiernos de la OEA saben muy bien lo que pasa en el Perú. Sus representantes en el organismo (salvo el de Juan Guaidó) son designados por sus cancillerías y las decisiones que se toman en la OEA se hacen en consulta con estas.

Las misiones diplomáticas no solo tienen la función de representar a sus respectivos países, sino la de informar a través de un seguimiento político y económico exhaustivo en las sedes donde son asignados. Lo hacen a través de la prensa local, de las reuniones a las que asisten y de las conversaciones que sostienen con funcionarios del país sede. Todo es transmitido a sus respectivas cancillerías.

Los gobiernos representados en la OEA saben de la deplorable gestión del presidente que se expresa, entre otros, en la alta rotación de sus ministros, en su poca calificación y, sobre todo, de la existencia de fuertes indicios de corrupción. Observan, también, que esta atraviesa sistemáticamente las entrañas de la estructura política del país desde hace tres décadas.

Por otro lado, observan la campaña de desestabilización, en algunos casos golpista, de algunos políticos y medios de comunicación, de las agresiones, inclusive físicas, al presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, por no doblegarse a mentir y decir que el triunfo de Castillo fue resultado de un fraude. Por eso la OEA no recibió en Washington a quienes iban a mostrarle las “irrefutables pruebas” del mismo. La misión de sus observadores, al igual que los de la Unión Europea, del gobierno de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, entre otros, habían dicho que las elecciones de 2021 fueron impecables.

Castillo fue proclamado presidente apenas nueve días antes de la asunción presidencial, pero la campaña para sacarlo no cesó. Mientras Mario Vargas Llosa se paseaba por el mundo denunciando el inexistente fraude y decía que Castillo era un analfabeto, la oposición organizaba marchas envueltas en los símbolos patrios en el Campo de Marte. En sus primeros ocho meses de gobierno hubo dos intentos de vacancia que fracasaron y recientemente el Congreso impidió su salida para participar en dos eventos internacionales.

La lucha por sacar a Castillo continúa. Lo último es la acusación constitucional de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, que afirma tener pruebas contundentes para que el Congreso acuse a Castillo, previa modificación del artículo 117 de la Constitución, que no lo permite. Pero el Tribunal Constitucional, al que el Congreso le había pedido que interpretara el artículo 117 para permitir que acuse a Castillo, ha rechazado, por unanimidad, dicha solicitud al informar que no tiene las competencias para ello.

Los antecedentes de la fiscal Benavides no son prístinos. En un claro acto de obstrucción a la justicia, destituyó en agosto a la fiscal Bersabeth Revilla, a cargo de las investigaciones sobre las liberaciones de narcotraficantes a cambio de sobornos, en la que la principal investigada era su hermana, la jueza superior Enma Benavides.

En este escenario, la visita de la OEA podría calmar un poco las aguas al instar a actuar estrictamente en el marco de la Constitución —y no como propone la fiscal de la nación— si se optara por vacar al presidente Castillo y, con suerte, tender algunos puentes de diálogo para atenuar la crisis política en el Perú. La presencia de la OEA, en este caso, es positiva.