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OEA: dos de cal y una de arena

“América Latina y el Caribe no logran coordinar una posición conjunta frente a problemas clave. Hay algún progreso, pero las presiones...”.

“Juntos contra la desigualdad y la discriminación” fue el lema elegido para la Asamblea General de la OEA realizada en Lima. Bajo su paraguas se condenó la discriminación basada en religión, clases sociales, raciales, discapacitados, miembros de la población LGTBIQ+, entre otros; visión propia de sociedades modernas que buscan ser más tolerantes, inclusivas y democráticas.

Estos aspectos positivos de la Asamblea tuvieron su contraparte oscura en dos elementos: 1) que en la sesión inaugural Volodímir Zelensky exhorte a los países del continente a involucrarse más en esta guerra y a que eviten relaciones comerciales con empresas rusas y 2) que la OEA continúe aceptando que Juan Guaidó represente a Venezuela, que anunció su retiro en 2017.

El espacio para tratar la guerra que libra Rusia contra EE. UU. y la OTAN en Ucrania es las Naciones Unidas. Nuestra región ha condenado la invasión, pero salvo la Colombia de Iván Duque, ninguno se ha plegado a sanciones económicas. Basta ver el castigo que están infringiendo a su población los gobernantes europeos por sus inútiles sanciones económicas a Rusia, dirigidas por EE. UU., que resulta ser el más favorecido de esta guerra. Sus corporaciones petroleras que hoy reemplazan el suministro del gas natural que proveía Rusia, a precios más altos y el complejo militar industrial atosigado de ganancias, son los mayores interesados en prolongar esta guerra.

En este escenario, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, se reunió con Gustavo Petro, Gabriel Boric y Pedro Castillo antes de su participación en la OEA. Los tres formaron parte de los 24 Estados que apoyaron la declaración “Continuo apoyo para el fin de la agresión rusa en Ucrania” presentada por el canciller de Guatemala, en representación del presidente Alejandro Giammattei, sospechado por presuntos actos de corrupción que han encendido alarmas en gobiernos y entidades (EE. UU., Unión Europea, CIDH, Human Rights Watch) por el debilitamiento del Estado de derecho debido al exilio al que han sido forzados funcionarios de justicia perseguidos por luchar contra la corrupción.

México, Argentina, Brasil y Bolivia no la suscribieron a pesar de que todos han condenado la invasión. Además de intereses particulares en su relación comercial con Rusia, o la participación de tres de ellos en el G20 y en el BRICS, hay cuestiones de principio para no hacerlo. Uno de los puntos controvertidos del texto se refiere a la condena a “la invasión ilegal, injustificada y no provocada de Ucrania”. En la invasión de Rusia a Ucrania, no puede desconocerse el incumplimiento de los Acuerdos de Minsk, las víctimas civiles por militares ucranianos en la región separatista de Donbás durante ocho años –donde Occidente miró al costado –, el informe “Redemit Russia” publicado en 2019 por la Rand Corporation que recomienda acciones para debilitar a Rusia. Asimismo, lo establecido en la Estrategia de Defensa Nacional de este país en 2018, en donde se señala que “la competencia estratégica a largo plazo con China y Rusia es la prioridad del Departamento de Defensa, lo cual requiere “una inversión mayor y sostenida, debido a la magnitud de las amenazas que ello supone para la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos”.

Con respecto a Guaidó, se impulsó una iniciativa para retirar a su representante en este organismo. Solo cuatro (Canadá, EE. UU., Guatemala y Paraguay) se opusieron, 9 se abstuvieron y 19 votaron a favor, entre ellos Perú, Chile y Colombia. Apenas faltaron 5 votos para acabar con esa fantochada que mella la institucionalidad y la democracia, sobre todo cuando los altos representantes estadounidenses dialogan con el gobierno de Maduro, y no con Guaidó, para aumentar la producción de gas y petróleo.

América Latina y el Caribe no logran coordinar una posición conjunta frente a problemas clave. Hay algún progreso, pero las presiones son fuertes. La región debe pronunciarse en sus propios términos y no en los enlatados preparados por la OEA o dirigentes ajenos a la región y descartar sanciones económicas.

La República

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