Alcaldía Metropolitana: no partir de cero, por Diego García-Sayán

En la lluvia de ofertas imposibles hechas para ganar, como fuera, el sillón municipal de Lima, hubo una mezcla de soberbia e ignorancia. En varios casos, esto se traduce en ofertas que eran no solo quiméricas por lo ambiciosas, sino porque muchas de ellas implicarían usurpar funciones de seguridad y orden público que les corresponden a otras instituciones.

Sin embargo hay varios temas que sí le corresponden al ámbito municipal metropolitano que han sido soslayados por la mayoría de candidaturas, incluida la que se impuso por escaso margen. El espacio municipal metropolitano no es una hoja en blanco sin planes, lineamientos y metas concretas. Los hay, y sobre ellos habría que actuar para darles uso o mejorarlos.

De un lado, ya existe el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima 2040 (Planmet). Está seriamente trabajado, aunque casi nadie lo mencionó en la campaña. Por otro lado, tenemos la ley de gestión y protección de los espacios públicos (Ley 31199). Ambos instrumentos establecen marcos normativos y lineamientos estratégicos sobre temas fundamentales para el manejo de esta megalópolis.

El Planmet 2040 (aprobado en la Ordenanza 2022 en setiembre de este año) es resultado de un largo proceso participativo, clave para el futuro de Lima, que debe respetarse. Reemplaza a un Plan que se aprobó en 1992, que ha quedado desfasado por los efectos de la dinámica socioeconómica de los últimos 30 años y de las nuevas demandas espaciales (Lima ha crecido en un contexto en el que se ha carecido de planes y proyectos metropolitanos de orden geográfico social, económico, político y urbanístico).

El Planmet regula asuntos claves como el régimen de uso y ocupación del suelo y los sistemas urbanos de movilidad, de espacios públicos y recreación, manejo ambiental y de riesgos, equipamientos urbanos y de infraestructura urbana. Contiene una cartera de 28 proyectos prioritarios para el corto, mediano y largo plazo.

Nada de improvisaciones, pues, o de “ímpetus” personales cuando está de por medio toda una colectividad con problemas que a ratos parecen inmanejables. Complementariamente, se están elaborando planes de desarrollo urbano (PDU) distritales en un proceso que ya pasó por consulta pública y debería estar aprobándose por el concejo metropolitano.

Junto a lo anterior debe tomarse en cuenta la gestión y protección de espacios públicos a lo que se refiere la Ley 31199. Asunto crucial dentro del contexto en el que los espacios públicos de Lima son sistemática e impunemente destruidos, arrasados o reemplazados por cemento.

Por ejemplo, al caso emblemático del parque Cánepa en Gamarra, que se volvió centro comercial. O la Costa Verde, plagada hoy de concesiones irregulares que han bloqueado el acceso a las playas. Es el caso del irregular proyecto “Borde Mar” en Barranco que tuvo que ser clausurado por la actual gestión edil por la gigantesca deuda al ayuntamiento distrital.

La ley sobre espacios públicos dicta pautas concretas para que algo así no se repita. Por ejemplo, sobre el espacio máximo que pueden ocupar las concesiones privadas. Detalles deberán venir en un reglamento. Pero cualquier alcalde metropolitano, por poco que conozca de la ciudad, debe saber que por fin esto puede acabar, que los espacios públicos lo deben seguir siendo y no ser devorados por intereses inmobiliarios o comerciales. Será este un test importante para la nueva gestión para determinar si actuará en función del interés público o de los privados torciendo el espíritu y letra de esa ley.

No hay, pues, que reinventar la rueda o la pólvora. Pasados los nubarrones de la campaña electoral, la sociedad y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de exigir seriedad y responsabilidad a las gestiones que se inician en enero del 2023, de manera que el resultado no sea el de una ciudad más destrozada e inviable o de más espacios públicos desvanecidos. Y también, por cierto, porque son asuntos de Estado en los que no caben gestos ridículos como no coordinar con el gobierno central y el jefe de Estado.