Los 700.000 pasaportes

Mediante informes de la Contraloría, se pudo conocer que fue responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Migraciones el desabastecimiento de 700.000 pasaportes y láminas de seguridad, que afectó a la ciudadanía durante 2022. Las largas colas y los turnos de madrugada, además de las citas que demoraban más de tres meses, obedecieron a un retraso en las compras que se dilataron de forma injustificada.

Durante algunos meses, muchas personas que debían viajar formaban largas colas en Migraciones para poder acceder a un pasaporte. Las citas también se extendían durante horas de la madrugada y muchas quejas se debían a que las citas se otorgaban varios meses después de haber formulado la solicitud online.

El desabastecimiento, según la Contraloría, se pudo prever y adoptarse las medidas necesarias para para que no ocurra lo suscitado con este problema. La responsabilidad fue de funcionarios de Migraciones y pudo evitarse, si se hubieran formulado las acciones de compra en el plazo convenido y bajo la modalidad adecuada. “Se dilató sin justificación el proceso”, indica el órgano de control.

Se optó por una compra mediante licitación pública, cuando se pudo tranquilamente optar por adquisición directa, lo que hubiera acortado los plazos y garantizado el correcto abastecimiento de estos documentos, esenciales para salir del país. La tardanza originada entre una u otra modalidad fue de 190 días de retraso en el proceso de compra.

Las alertas de inminente desabastecimiento se conocían desde marzo del 2022 y se tornaron una realidad en abril del mismo año, cuando en la sede central y en el propio Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no había material para responder a la demanda de la ciudadanía. Es más, la Contraloría alertó en febrero de que no existía el stock suficiente para abastecer los casi 78.000 pasaportes ya tramitados y pagados por igual número de personas.

Este no es un problema singular en Migraciones. La Contraloría ha emitido 9 informes de control relacionados con este problema, vinculados a la emisión, insumos y distribución de pasaportes electrónicos.

Ya establecidas las responsabilidades de cuatro funcionarios de la entidad, se ha notificado a la propia Superintendencia Nacional de Migraciones para que se inicie el procesamiento. No obstante, queda aún pendiente la disculpa pública por el malestar generado a la población afectada, a la que nunca se le dio una explicación sobre los retrasos. Por el contrario, siempre se trató de evitar asumir la culpa de lo sucedido.