César Azabache

César Azabache

Director de Azabache Caracciolo Abogados. Abogado especializado en litigios penales; antiguo profesor de la Universidad Católica y de la Academia de la Magistratura. Conduce el espacio de entrevistas legales “En Coyuntura” en la revista La Ley. Es miembro del directorio de la revista Gaceta Penal y autor de múltiples ensayos sobre justicia penal.

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Detesto imaginar a Antauro Humala multiplicando las confusiones que ahora nos tienen atrapados. Me molesta que el anuncio de su liberación haya tenido que hacerse en el preciso momento en que Castillo y Torres muestran su absoluto interés en multiplicar de cualquier manera, prefectos y ronderos de por medio, la bajísima capacidad de movilización social que ambos exhiben.

De las cárceles nos preocupamos poco. Usualmente lo hacemos cuando hay un motín o cuando alguien que encontramos peligroso está por salir. Esta usual indiferencia ha generado un terreno complejo, sobrecargado de normas, reformas y sentencias difíciles de articular; tapones como los que se coloca en un artefacto que sabemos malogrado, pero que no tenemos interés en reemplazar. En el tiempo intermedio, el que transcurre entre motines y liberaciones difíciles de aceptar, abandonamos todos los debates que, aparecida otra crisis, retomamos con apuro.

Entonces no es sencillo discutir el caso Humala. Para comenzar, en abril de este año, en el Tribunal Constitucional, los señores Ferrero, Blume y Sardón, imposibles de relacionar a alguna maniobra proantaurista, se impusieron a la señora Ledesma y a los señores Espinoza y Canales para establecer que en estos asuntos, los que ese refieren al cálculo de condenas, es preciso emplear los criterios que dejen en la mejor posición posible a quien solicita salir de prisión, sea quien sea. Y esta es solo una de las muchas decisiones que hay que revisar antes de precipitarse a reclamar una medida de urgencia u otra.

Marisol Pérez Tello, una de las más importantes especialistas en cárceles, ha confirmado el viernes por la noche que, en su primera mirada, el cálculo hecho por el INPE en el caso Humala es correcto. Wilfredo Pedraza, otro indiscutible experto en estas materias, ha concluido lo mismo. José Luis Pérez Guadalupe, también una autoridad en cárceles, ha recordado que el cálculo de condenas no es lo mismo que la concesión de beneficios judiciales, que ofrecen otros márgenes de evaluación. Jorge del Castillo reclamó también el viernes que se confirme si los días de trabajo y estudio registrados por el INPE se cumplieron en realidad o no. Excelente pista para organizar la revisión final de las cosas, incluso con Humala en libertad. Pero si, confirmados los cálculos, la extraña matemática de descuentos que se usa en estos casos indica que la condena se ha cumplido, entonces se ha cumplido. Aunque no nos guste el resultado.

Detesto imaginar a Antauro Humala multiplicando las confusiones que ahora nos tienen atrapados. Me molesta que el anuncio de su liberación haya tenido que hacerse en el preciso momento en que Castillo y Torres muestran su absoluto interés en multiplicar de cualquier manera, prefectos y ronderos de por medio, la bajísima capacidad de movilización social que ambos exhiben. Si existe, como se dice, un pacto entre Virgilio Acuña, socio de Humala, y Castillo, salvo que medie una sorpresa (Humala anunciando que abandona la violencia), no dudo que la libertad de Antauro Humala será aprovechada para construir un radicalismo mercenario; uno que podría expandirse con la aquiescencia de Castillo. Tampoco dudo que ese radicalismo reclamaría su propia cuota de participación en las ganancias por obras que, según la Fiscalía, distribuyen Castillo y su entorno. Como no dudo que, a la larga, ese radicalismo se desprendería de Castillo, si no se vuelve pronto contra él.

En cualquier caso, quedan abiertas las cuestiones sobre cárceles y aquellas otras vinculadas al tablero en que Castillo confronta a quienes queremos que se vaya (por mi parte, junto al Congreso). Pero también queda abierta una cuestión que compete a las fiscalías: hay personas indiscutiblemente peligrosas que salen de las cárceles para recuperar la posición criminal que perdieron. Frente a ellas las fiscalías deberían poder desplegar procedimientos de vigilancia bajo control judicial que actualmente no tenemos y nos hacen falta.

El reto sigue siendo buscar cierto equilibrio en medio de tanto desorden innecesariamente multiplicado.