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Abierto desacato

Rectora de San Marcos incumple acción de amparo y convoca elecciones.

La máxima autoridad de la Universidad Mayor de San Marcos, la rectora Jerí Ramón, no solo ha mostrado permanentemente su rechazo a la Sunedu, sino que acaba de convocar a la elección de representantes de las universidades públicas en el Consejo Directivo de este organismo, a pesar de la acción de amparo vigente que establece que el regulador de la educación superior queda a salvo de la aplicación de la Ley 31520, aprobada por el Congreso de la República.

Esta convocatoria estaría prevista para el viernes 19 a las 10 a.m. en el rectorado sanmarquino. Esta elección transgresora de la ley busca designar a dos representantes de las universidades públicas que tengan órganos de gobierno.

No hay duda del apoyo activo de Jerí Ramón al grupo de congresistas y partidos políticos que alentaron y votaron a favor de la contrarreforma para volver a la extinta ANR, responsable del hundimiento de la educación superior, el mercantilismo y la estafa a padres de familia y estudiantes.

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La Sunedu, en uso de sus facultades y respaldada en una decisión del Tribunal Constitucional, interpuso una acción de amparo y se dejó sin efecto la ley. La transgresión que ahora propone la rectora pone en vigencia el peligro que parecía haberse alejado por acción de la justicia.

Esta abierta discrepancia con el fallo judicial es compartida por la rectora de la Universidad Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), Lida Asencios, quien a nombre de la Asociación de Universidades del Perú –ASUP– suscribió un comunicado, incluso contra el parecer de otros rectores que no comparten su posición.

Así lo dejan sentado en un comunicado de julio. Ahí señalan: “Lamentamos que ASUP asuma posiciones institucionales, por intermedio de comunicados públicos, sin que sean puestos en conocimiento de sus miembros antes de su publicación”.

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Agrega: “El citado comunicado desconoce la sentencia judicial a la que dio lugar el amparo presentado por la Sunedu e ignora los efectos jurídicos que conlleva y cuyo cumplimiento nos obliga a todos sin distinción”. Fue suscrito por los rectores de la Universidad Católica, Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima.

Así las cosas, con algunas autoridades de universidades públicas promotoras del desacato, habría que hacer un llamado a la cordura para garantizar el respeto de la legalidad de quienes deberían precisamente dar el ejemplo.