Augusto Álvarez Rodrich.

Augusto Álvarez Rodrich.

Claro y directo
Economista de la U. del Pacífico –profesor desde 1986– y Máster de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, Harvard. En el oficio de periodista desde hace más de cuatro décadas, con varios despidos en la mochila tras dirigir y conducir programas en diarios, tv y radio. Dirige RTV, preside Ipys, le gusta el teatro, ante todo, hincha de Alianza Lima.

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¿Masas para defender la corrupción?

La inaceptable convocatoria de un gobierno desesperado.

Desafiando la apatía que aún muestra ‘la calle’ para manifestarse contra las tropelías del gobierno, tanto por una pésima gestión que deteriora la calidad de vida de la ciudadanía, como por la abundante evidencia de corrupción, Pedro Castillo lanzó anteayer una cruzada para movilizar a la gente en defensa de su presidencia.

Lo hizo en una reunión con ronderos en el patio de honor de Palacio de Gobierno y, luego, en un tono más ardoroso, en una reunión en el interior de este que fue transmitida por TV Perú, acompañado del premier Aníbal Torres y los ministros más entusiastas con la defensa de Castillo: Alejandro Salas, Félix Chero y Roberto Sánchez.

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La defensa no es por alguna política del gobierno, sino por las investigaciones por corrupción basadas en hechos sólidos y que comprometen al presidente Castillo, los cuales deben ser demostrados por el ministerio público.

Lo que, en cambio, no necesita mayor demostración, por lo obvio, son los delitos cometidos por Castillo para obstaculizar las investigaciones del Ministerio Público, asunto que también compromete a varios ministros que incurren en complicidades escandalosas.

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El argumento de Castillo y su equipo consiste en la victimización por supuestos ataques de una derecha que no lo deja gobernar en favor del pueblo, y de sus instrumentos establecidos en la fiscalía, lo medios de comunicación y el congreso, y es contra estas instancias que el presidente invita –incita, más bien– a las masas a movilizarse.

No es muy claro qué tan potente sea la capacidad de convocatoria del gobierno, especialmente en la capital, donde casi 9 de cada 10 habitantes de Lima desaprueba el desempeño de Castillo, pero es evidente que el presidente Castillo, al igual que su locuaz premier, deberían hacerse responsables de las consecuencias de sus incitaciones.

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Lo evidente es que esas movilizaciones que pretende el gobierno para defenderlo de las investigaciones de corrupción –y no por alguna reforma– constituyen expresiones inequívocas de una presidencia sumamente debilitada, a la que recurre como manotazos de ahogado, y que pueden irse de las manos si se prende alguna de las chispas en la pradera de una administración mediocre y corrupta.

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