El presidente en su laberinto

Que la justicia llegue a Palacio de Gobierno en busca de presuntos delincuentes, muestra la gravedad de la crisis en la que se debate el Perú en esta etapa. Y que el presidente Castillo pretenda guarecerse de la tormenta usando la investidura como defensa y Palacio como su trinchera, le agrega una dosis más de ignominia al momento político.

No es posible que el vocablo “pueblo” sea empleado nuevamente, esta vez, para amenazar a quienes demandan explicaciones. Además, el más alto representante de la nación no logra hilvanar una respuesta coherente en relación a las acusaciones a su alrededor, y recurre a la victimización para explicar su precaria situación, atribuyendo el cúmulo de colaboraciones eficaces, documentos y acusaciones, a un plan premeditado para vacarlo.

Evidentemente, existe una operación golpista que se gestó desde el inicio de su presidencia y que le trató de arrebatar, en demandas judiciales de los mejores estudios de abogados, lo que no habían podido ganar en las urnas. Pero eso no le quita que durante el año de gobierno, a los desaciertos, posiblemente, lo peor haya sido rodearse de una gavilla de aprovechados, parientes o no, que han querido lucrar con el cargo o la posición y hayan convertido el Estado en un botín.

Ha fallado en conjunto, la honestidad, la hombría de bien, el interés por los más pobres, y eso es imperdonable, porque en el medio de esta crisis inédita en el Perú republicano quedaron las esperanzas de millones que apostaron por el cambio y hoy resienten la traición. Esa desaprobación que muestran las encuestas no es gratuita ni un golpe mediático. Es la reiteración de denuncias de corrupción y la poca voluntad de sanción que hay en el Gobierno. Por el contrario, la fuga y el escondrijo son el lugar común para esta administración.

La Fiscalía de la Nación había ofrecido ser implacable con el crimen proveniente del poder y lo ha cumplido a cabalidad. Habrá que esperar que se eviten los excesos, sobre todo los mediáticos. No hay duda de que la acusación judicial para el caso de licitaciones a dedo en Cajamarca merece profunda investigación, pero es fundamental que vaya acompañada del debido proceso. Nada sería más perjudicial para nuestra democracia tan golpeada por un Ejecutivo incapaz y un Congreso plagado de mercaderes, que la politización de la justicia, el sesgo y la parcialización.