Allanamiento a Palacio
Grupo especial de fiscales hace incursión en la sede del Gobierno peruano.
La situación es aún peor de lo que aparenta. El pedido de detención contra la cuñada del presidente Castillo ha venido acompañado de una resolución judicial que, en 34 páginas, indica la razón de la redada en la que además de Yenifer Paredes, que no es habida, se ha procedido a la captura de tres personas, todas acusadas de haber participado en temas de corrupción en obras en Cajamarca, región en la que nacieron el presidente, la primera dama y casi la totalidad de inculpados.
El equipo especial de la Fiscalía liderado por Marita Barreto, que investiga la corrupción en el poder, define el caso como el de una organización criminal con el objetivo de realizar actividades delictivas en agravio del Estado.
En la estructura criminal, el jefe del Estado estaría al mando y su esposa formaría parte de los cabecillas. Les seguirían los hermanos de ella, incluida la buscada Yenifer. Se incluye al ministro de Vivienda, también el de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, y el alcalde del distrito de Anguía, lugar de nacimiento del presidente Castillo.
La orden de detención preliminar decretada por la Fiscalía incluye al alcalde de Anguía y a los hermanos Espino, quienes crearon una constructora que ganó las licitaciones en Anguía y anexos, supuestamente usando las influencias de la cuñada del presidente y de los hermanos de la primera dama, quienes se habrían favorecido económicamente con los acuerdos obtenidos.
Hasta ahí la hipótesis fiscal, motivo de esta intervención. Nunca antes se había conocido de un allanamiento así contra la sede del Gobierno. El ingreso de fiscales y de policías para ubicar y detener a la cuñada del presidente fue resistido por el personal que custodia ese recinto mientras el abogado del presidente cuestionaba la presencia de los interventores, señalando que no hay orden para hacerlo, pues la señorita Paredes indicó otra dirección como vivienda.
La controversia legal está planteada. Los fiscales tendrán que hacer su mejor esfuerzo para evitar cualquier exceso, incluido el mediático, y se tendrá que garantizar el debido proceso y, fundamentalmente, la probanza de todo lo señalado en la resolución, que por la gravedad de los cargos nos coloca en una situación inédita, con la familia presidencial acusada de faltas gravísimas y cercada por denuncias e investigaciones que ponen al presidente a un paso de la destitución.
