Columnista invitado

Columnista invitado

La República

Más columnas

Columnista invitado

Los pueblos indígenas en el centro, por Ítalo Cardona10 Ago 2022 | 8:31 h

Columnista invitado

La imperativa transformación digital01 Ago 2022 | 12:54 h

Una reforma justa y necesaria

“¿Es una reforma antiempresa, como han denunciado algunos medios y voceros empresariales? En realidad, no. Esta se inscribe en el marco de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú”.

Por Enrique Fernández–Maldonado

Perú es uno de los países con menores tasas de sindicalización en la región. En el sector privado, apenas 5 de cada 100 trabajadores están afiliados a un sindicato. Y solo 4 están comprendidos en una negociación colectiva. Las huelgas prácticamente han desaparecido en el medio. Los trabajadores encuentran muchas dificultades para expresar sus intereses y expectativas frente a su contraparte empleadora.

Lo que es peor: nuestro país lidera el ranking de denuncias interpuestas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la OIT por violaciones a los derechos fundamentales. Con cifras como estas nos alejamos de los promedios registrados, por ejemplo, en la OCDE, foro de las economías desarrolladas al que aspiramos formar parte en los próximos años. ¿Se justifican entonces las críticas contra las medidas emprendidas por el Ejecutivo para promover la sindicalización?

PUEDES VER: Informe del Ejecutivo propone reestructurar Servir

Las reformas introducidas al reglamento de relaciones colectivas van en la línea de lo señalado por los órganos de control de la OIT. Restituyen garantías para que los trabajadores puedan ejercer su libertad sindical. Ahora estos podrán inscribirse directamente a una federación o central sindical ahí donde, por diversos motivos, se ven impedidos de hacerlo.

Instala la posibilidad de nuevas formas de organización sindical en momentos en que las estructuras empresariales mutan con el cambio tecnológico y la digitalización. Posibilita el arbitraje cuando no hay acuerdo en los niveles de negociación. Establece la obligatoriedad de transparentar las finanzas empresariales previo a una negociación colectiva.

PUEDES VER: Ministro de Trabajo a favor del dictamen para que los CAS y 276 reciban gratificación en julio y diciembre

Aprueba el silencio administrativo (el mismo que operaba para las suspensiones perfectas de labores) para la legalidad de las huelgas. Y estas se podrán ejercer cuando se constaten incumplimientos —por parte de las empresas— de los acuerdos alcanzados. Nada que no ocurra en una sociedad democrática y desarrollada.

¿Es una reforma antiempresa, como han denunciado algunos medios y voceros empresariales? En realidad, no. Esta se inscribe en el marco de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú, especialmente los de la OIT, instancia de carácter tripartito donde participan, y activamente, las empresas.

PUEDES VER: Más del 50% de extranjeros considera que en el Perú hay más oportunidades de trabajo

¿Afectan la productividad y competitividad de nuestra economía? No hay prueba de ello. Por el contrario, comparándonos con experiencias que deberían ser nuestras principales referencias, los países con mayores niveles de productividad y competitividad son aquellos que muestran mejores indicadores de libertades y derechos sindicales.

¿Incrementarán los costos laborales? Lo harán en aquellas empresas que reporten sobre ganancias, las cuales deberán redistribuir siempre que hablemos de conductas empresariales responsables, afines al desarrollo social equitativo. ¿La informalidad? Mucho menos: qué mejor fiscalizador que un dirigente atento y diligente.

PUEDES VER: Organizaciones piden que empleadores cumplan con beneficios laborales de las trabajadoras del hogar

Sin embargo, los cambios operados con el DS 014-2022-TR no son suficientes para garantizar un repunte de la actividad sindical en el país. Contribuyen, pero persisten importantes obstáculos. La preeminencia de los contratos temporales o a plazo fijo (3 de cada 4 empleos privados formales) sigue funcionando como la principal limitación para incentivar la afiliación a un sindicato.

Comprensiblemente, los trabajadores temen al despido si deciden hacerlo. Un aspecto medular que deberá encararse, con seriedad y basado en evidencia, en el debate del Código de Trabajo, próximo a iniciarse.