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A treinta años de La Cantuta

“La condena a Fujimori representó un parteaguas no solo para la justicia en el Perú sino a nivel internacional. Demuestra que sí es posible sancionar a violadores de derechos humanos”.

Escribo estas líneas el 18 de julio de 2022, el trigésimo aniversario de la desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.

Estaba viviendo en Lima en 1993, realizando una investigación académica, cuando los noticieros alertaron un macabro descubrimiento: los restos de algunas de las diez víctimas de La Cantuta habían sido encontrados en fosas clandestinas en Cieneguilla.

Poco después conocí a Gisela Ortiz y Raida Cóndor, hermana y madre de dos de los estudiantes desaparecidos. Su lucha, incansable y determinada, por verdad y justicia, marcó el futuro del Perú.

Ellas y los demás familiares de La Cantuta tomaron la decisión de luchar contra una dictadura que les arrancó la vida de sus seres queridos, que les negó información sobre sus paraderos, que les obstruyeron la justicia y que les acusaron de ser terroristas para desviar la opinión pública sobre su responsabilidad en crímenes atroces.

Cuando Fujimori huyó del Perú, abatido por una serie de escándalos que desvelaron un régimen corrupto hasta la médula, pocos imaginaron que habría justicia para los familiares de La Cantuta y tantas otras víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el fujimorato.

Pero los familiares no se dieron por vencidos. Siguieron al dictador a Japón y luego a Chile para finalmente lograr su extradición en 2007, y luego su condena en 2009, como autor mediato del asesinato de 25 personas —los diez víctimas de La Cantuta, 15 de la masacre de Barrios Altos— además del secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

La condena a Fujimori representó un parteaguas no solo para la justicia en el Perú sino a nivel internacional. Demuestra que sí es posible sancionar a violadores de derechos humanos, por más poderosos que sean.

Pero justicia penal no es todo. Cinco de las víctimas de La Cantuta siguen desaparecidas. Para sus familiares, la agonía continúa. Hace un mes comenzaron a revivir la búsqueda.

La agonía continúa de otra manera: en el insistente negacionismo de algunos sectores, que persisten en desconocer la verdad de los hechos. Para ellos, solo víctimas de Sendero Luminoso, no del Estado. Pero hubo víctimas de ambos lados, como documentó la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Con base en este discurso negacionista, insisten en terruquear a los familiares de La Cantuta. Su ceguera es una vergüenza y su falta de empatía, una tragedia.

Hoy, que se conmemora otro aniversario de la desaparición forzada de los estudiantes y del profesor de La Cantuta, rindo homenaje a sus familiares, quienes por amor han luchado incansablemente por abrir paso a la verdad y la justicia, una lucha histórica y heroica.

Jo-Marie Burt

Doctora en ciencia política por Columbia University. Profesora en George Mason University y Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), investiga sobre violencia política, autoritarismo, derechos humanos, y justicia transicional en América Latina.