Congreso: un año contra el pueblo

La legislatura 2021-2022 concluyó el viernes último. Con ello, concluye también el tiempo dado a Maricarmen Alva, presidenta del Congreso de “blancos e indios”, para coronar alguna de las diversas iniciativas orientadas a remover del cargo al presidente Pedro Castillo.

El balance de su conducción presenta una ambigüedad: no logró acuerdos para un desenlace a su favor en el enfrentamiento con el Poder Ejecutivo, y sin embargo logró, como ella misma ha destacado, que la mayoría de proyectos de ley que puso en la agenda del Pleno sean aprobados con amplia votación. Merece la pena entonces revisar qué iniciativas merecieron el respaldo del Parlamento en este período.

En el frente educativo, el Congreso aprobó la Ley 31498, bajo el engañoso nombre de “Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú”, una propuesta de Esdras Medina (Renovación Popular), que establece sanciones para funcionarios que preparen o distribuyan materiales educativos que incorporen contenidos de educación sexual integral (ESI) y el enfoque de género en la educación básica.

Se logró con 91 votos, impulsados por Acción Popular, Fuerza Popular y Perú Libre, más la anuencia del presidente Castillo, quien pese a que está entre sus facultades, no observó esta ley, un retroceso contra los derechos de las infancias y adolescencias.

Otro consenso de “ancha base”, también en el ámbito educativo y también con un nombre envenenado, fue la ley de “Restablecimiento de la Autonomía y la institucionalidad de las Universidades”, votada esta semana por 72 congresistas a favor y luego por 75 en contra de que se reconsidere.

Tal ley nada tiene que ver con la necesaria autonomía universitaria y representa más bien el interés de los accionistas, fundadores, dueños y familiares de dueños de universidades-empresa (varios de ellos miembros de la Comisión de Educación) de parar los controles establecidos por la Sunedu, en detrimento de estándares mínimos de calidad.

Y podríamos seguir rastreando otras iniciativas que inciden en el deterioro de los servicios públicos (como en el sector transporte) o las que van contra la lucha ambiental (el archivamiento de la ratificación del Acuerdo de Escazú) o aquellas que propician economías delictivas (como en lo referido a la minería “informal”). O el despropósito de facilitar armamento a comités de autodefensa (Ley 31494).

También podemos citar otras decisiones orientadas a garantizar la impunidad de los líderes del breve gobierno golpista de Acción Popular (noviembre de 2020), como el infame Informe Cavero o el ridículo homenaje a Manuel Merino. Pero quizá en este corto espacio valga la pena concentrarnos en los “logros” de esta legislatura en el plano institucional, donde no se puede acusar a las y los congresistas de quedarse con los brazos cruzados.

Por ejemplo, la posibilidad de impulsar cambios totales a la Constitución a través del mecanismo de referéndum fue bloqueada con la modificación de la ley de derechos de participación y control ciudadano, por la cual el Congreso se constituye en “peaje” de las iniciativas ciudadanas.

Mucho se ha dicho sobre la elección del nuevo presidente o presidenta del Congreso, en la perspectiva de que la “sucesión constitucional” lo lleve a sustituir al presidente Castillo (luego de sacar de juego a Dina Boluarte).

Pero este no es el único peligro para la democracia. Incluso si tal “golpe blando” no prosperara en las siguientes semanas, la actual composición del Congreso, los intereses que representa y su empecinamiento contra derechos básicos de la ciudadanía son en sí mismos asuntos que ya tienen consecuencias que costará revertir. Esta preocupación debería ser la base común para organizar una resistencia ciudadana que será clave en los próximos cuatro años.