Peligro latente
Autorizar posesión de armas para Comités de Autodefensa puede conducir al paramilitarismo.
En La República Data se alerta sobre una realidad incontrastable y que ha sido rápidamente interpretada por la Defensoría del Pueblo y el Mindef. Se trata de la autorización para que los Comités de Autodefensa se incrementen y que además puedan acceder al uso de armamento civil. Según LR Data, existen 915 CAD acreditados a nivel nacional, en zonas declaradas en estado de emergencia y que sirvieron para combatir el terrorismo durante el período de la lucha armada en el país.
Estos CAD existentes y vigentes funcionan en las regiones de Junín, Ayacucho, Huancavelica y Cusco, las que conforman la zona conocida como Vraem, donde existen provincias y distritos declarados en emergencia desde hace más de 10 años. Estos CAD están debidamente empadronados por el Mindef.
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La nueva Ley N° 31494 aprobada por el Congreso por insistencia lo que hace es propiciar la creación de nuevos Comités de Autodefensa, con las mismas prerrogativas de hace 30 años –pese a que las condiciones existentes son otras y los peligros son nuevos– y concederles el derecho de adquirir armas civiles para reforzar su labor. Esta ley incorpora a estos CAD al sistema de seguridad ciudadana.
En el texto de la ley dice que estos CAD pueden surgir “espontánea, libre y voluntariamente” en comunidades campesinas, nativas y centros poblados rurales con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y el orden interno, ambos temas vinculados a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Según el Midis, actualmente existen 77.049 centros poblados rurales a nivel nacional.
Con esta ley, se podrían crear igual número de CAD, es decir, 77.049, y utilizar todos ellos el permiso de adquirir armas de fuego civiles, con el consiguiente peligro de organizar grupos paramilitares que coloquen otro elemento de conflicto en zonas del país donde el Estado no llega. Una amenaza que debe ser rápidamente contenida y evitada.
Han sido la Defensoría y el Mindef quienes proponen dar paso a una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para frenar el peligro latente y demandar al Congreso la derogación inmediata de la Ley 31494. Existe el compromiso de la Comisión de Defensa de revisar el párrafo referido a la adquisición de armas. Resulta urgente la acción concertada para evitar mayor despropósito.