Orden, firmeza y celeridad
Fiscal de la Nación se compromete a luchar contra la corrupción del actual gobierno.
Buenas noticias parecen provenir de la Fiscalía de la Nación en estos días. Hay una nueva titular del despacho que ha hecho diversos anuncios dirigidos a la ciudadanía, en los que se compromete a librar una directa acción contra la retahíla de corruptelas que van denunciándose en el entorno más cercano del poder presidencial.
Hace seis días, juramentó Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación tras ser designada suprema en un concurso abierto por la JNJ. Con célere decisión ha pedido investigar la penosa sucesión de denuncias que se van revelando en el gobierno de Pedro Castillo.
“El pueblo peruano debe saber que su Ministerio Público cuenta con autonomía constitucional, la misma que no permite presiones políticas, económicas ni mediáticas y, por ello, constituye un pilar para el funcionamiento de la democracia”, remarcó Benavides.
Anteayer, en su discurso de orden, explicó: “Somos un cuerpo institucional que lucha contra el uso corrupto y abusivo del poder” y seguidamente procedió a nombrar un Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, y como coordinadora designó a la fiscal superior provisional Marita Barreto.
Bajo el lema “Orden, firmeza y celeridad”, la nueva gestión ha empezado a investigar las denuncias que afectan ahora a la cuñada del presidente Castillo, quien ha sido mostrada por la prensa en campaña por una empresa particular, ganadora de una licitación del Estado.
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En esa búsqueda, ya se ha acudido a Palacio de Gobierno para la revisión de planillas de ingresos al despacho presidencial y revisión de documentos. También se ha convocado a la primera dama Lilia Paredes a una declaración este viernes sobre la investigación preliminar que se ha abierto contra su hermana menor, Yenifer Paredes, citada para lo mismo el lunes siguiente.
Hay otras investigaciones en curso que esperemos sean atendidas y resueltas por la Fiscalía con celeridad, pero también con legalidad, para evitar el argumento de la persecución política.
Siendo casos no gubernamentales, hay preocupación por los procesos contra los Sánchez Paredes y Rafael López Aliaga, ambos por lavado de activos, en los que se ha cambiado al fiscal encargado. Se espera también igual firmeza y celeridad para la definición en ambos procesos.
