Paro total
Transportistas de diferentes gremios y asociaciones realizan protesta indefinida desde mañana.
La situación altamente conflictiva se pone en evidencia en este mes de julio, que llega cargado de celebraciones patrias. Para empezar, tenemos mañana la protesta generalizada en el sector transporte. Se trata de una acción concertada de diferentes gremios y asociaciones que laboran en los servicios de transporte público, de carga, interprovincial, entre otros.
La creciente protesta y que se anuncia indefinida tiene una raíz económica. En el caso del transporte se ha dialogado con el MTC en varias ocasiones, sin arribar a soluciones que logren detener la huelga y que, por el contrario, se ha extendido a todas las diferentes ramas del sector.
La inflación que afecta la economía nacional y el alza imparable de los combustibles ha agregado nuevo ímpetu a la protesta, que amenaza con detener la marcha productiva del país. El ingreso de alimento a las ciudades, la parálisis de la circulación de bienes a diferentes regiones, los pasajeros que podrían quedar varados y el propio transporte público en la capital, que se verían afectados, agregan incertidumbre y caos al panorama ya de por sí sombrío de la subida del costo de vida y el incremento de los precios de los productos de primera necesidad.
Los transportistas vienen arrastrando una serie de reclamos asociados a las pérdidas acumuladas durante la pandemia. A lo largo de los meses de parálisis se negociaron bonos de combustible, subvención para el gremio para compensar las pérdidas y los aforos reducidos. No tuvo éxito la gestión y el reclamo fue en aumento debido al contexto internacional que se tradujo en un precio cada vez más elevado de los combustibles y el desorden en el que se mueve la economía global y nacional.
Por el contrario, desde el MTC dirigido por el ahora perseguido Juan Silva se negociaron por debajo de la mesa acuerdos que lesionaron la reforma del transporte, la anulación de las multas y permisos para los informales, además de la falta de apoyo del sector a la autoridad de la ATU.
Hasta ahora, la negociación conducida por el gobierno no ha arribado a ningún acuerdo. Se trata de un servicio esencial que se podría dejar de brindar, generando un plus de inseguridad e incertidumbre. Hay que lamentar la situación, esperar una solución definitiva y demandar que en la negociación no se afecte lo poco que se ha avanzado en el terreno de la reforma del transporte. Los ciudadanos tenemos derecho a un transporte de calidad, que brinde seguridad y que garantice precios justos. Nada menos.
