Augusto Álvarez Rodrich.

Augusto Álvarez Rodrich.

Claro y directo
Economista de la U. del Pacífico –profesor desde 1986– y Máster de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, Harvard. En el oficio de periodista desde hace más de cuatro décadas, con varios despidos en la mochila tras dirigir y conducir programas en diarios, tv y radio. Dirige RTV, preside Ipys, le gusta el teatro, ante todo, hincha de Alianza Lima.

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Al borde de un ataque de nervios

Respuesta política de Castillo delata gran desesperación.

La defensa del presidente Pedro Castillo ante la acumulación de evidencia de su participación en hechos de corrupción es tan grotesca que complica más su perspectiva política y judicial.

Su decisión de no recibir ayer a la comisión de fiscalización del congreso es de menor relevancia frente a otras iniciativas, toda vez que el parlamento tiene poca reputación –peor que la del gobierno– y su conclusión es previsible.

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La respuesta política de gobierno ante la desesperación por las denuncias de corrupción está teñida de irregularidad, inconstitucionalidad y escasa vocación democrática, y se proyectan, entre otras, en cuatro iniciativas:

1. Proyecto presentado por el gobierno para penalizar a jueces, fiscales, policías y otros funcionarios, con condenas de hasta cuatro años de prisión, por la difusión de información sobre casos penales que están en etapa a investigación en el ministerio público.

Lo evidente es que el gobierno pretende con esta iniciativa inconstitucional impedir que se informe sobre los casos imputados del régimen y, especialmente, al presidente Castillo. Se trata de un gravísimo ataque a la libertad de expresión en su función de luchar contra la corrupción. El artífice de este proyecto es el premier Aníbal Torres.

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2. La captura de la procuraduría general del estado (PGE) –que defiende los intereses del estado ante la corrupción– con el fin de que no se ocupe de investigaciones a Castillo, tal como lo hicieron con la destitución de Daniel Soria de la PGE, y tal como también lo van a hacer con el procurador del MTC, David Ortiz. El artífice de estos despedidos es el premier Aníbal Torres.

3. El exsecretario del despacho del presidente de la república, el extitular del MTC que era el ministro más protegido por el presidente, y el sobrino de Castillo, están sospechosamente fugados y son prófugos a quienes el gobierno no puede ubicar. Si uno de ellos habla, el presidente puede ser historia.

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4. Hace dos meses, un domingo por la tarde, se produjo un sospechoso incendio justo en el piso 12 de la Dirincri, donde se guardan los documentos de la división de lavado de activos.

No son las únicas iniciativas desesperadas que apuntan a la sospecha de que ha una banda de crimen (des)organizado para asaltar al estado.