Un estallido social no tan lejano

América Latina y el Caribe se encuentran en una trayectoria que prevé un crecimiento anual promedio del PBI del 1,8%, un aumento en la inflación a 8,21% y un incremento de la pobreza que puede alcanzar el 33,7% este año según la Cepal. Si bien el alza de precios de los alimentos y los combustibles es un fenómeno global vinculado a la guerra entre Rusia y Ucrania, las acciones desplegadas en nuestra región para mitigarlo han sido insuficientes o no han dado los resultados esperados. Por ejemplo, los estallidos de violencia en Ecuador y el descontento ante las políticas económicas del presidente Guillermo Lasso son el corolario del incremento en el costo de vida que pinta un panorama no muy lejano al de la realidad social peruana.

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Las demandas de reducción de los precios de los combustibles, implementación de controles a los precios de productos agrícolas, empleo y derechos laborales, y salud y educación son pedidos que se sienten tan propios como la insatisfacción ante la gestión de quienes fueron puestos en el poder para velar por los intereses de los electores. Pero estas demandas dan luces de un problema transversal: el costo de tener una vida medianamente digna aumenta, mientras que los ingresos de las familias no.

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Algunos economistas como Mariana Mazzucato sostienen que una forma de enfrentar esta crisis es poniendo más ingresos en los bolsillos de los trabajadores. Esto no implica tomar medidas populistas que redireccionen el gasto público hacia los salarios o reduzcan los impuestos que permiten financiar, por ejemplo, la provisión de servicios básicos. Todo lo contrario. Alternativas como el gravado a los excesos en las ganancias de las corporaciones o una política monetaria que sea sensible a las necesidades de nuestra economía pueden aliviar el peso y las posibles futuras consecuencias de la desaceleración económica que enfrentamos y, quizás, alejarnos de la trayectoria hacia un estallido social que parece cada vez más cercano.