Mirko Lauer

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Observador
Un poemario cada tantos años. Falso politólogo. Periodismo todos los días. Natación, casi a diario. Doctor por la UNMSM. Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, Francia. Beca Guggenheim. Muy poco twitter. Cero Facebook. Poemario más reciente, Sologuren (3ª edición Huerga & Fierro, Madrid). Próximo poemario, Las arqueólogas, en setiembre.

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Fiscales amenazados

“Para atajar el daño que le hacen las denuncias de corrupción, hay que prohibir por ley las denuncias periodísticas de corrupción en el gobierno. El Ejecutivo se ha lanzado por el camino de esta sencilla fórmula, que es un intento de tapar el sol con un dedo…”.

Para atajar el daño que le hacen las denuncias de corrupción, hay que prohibir por ley las denuncias periodísticas de corrupción en el gobierno. El Ejecutivo se ha lanzado por el camino de esta sencilla fórmula, que es un intento de tapar el sol con un dedo, y en verdad equivale a bloquear la libertad de expresión en el tema.

La iniciativa le da un sentido adicional al inglés de lawfare, que en este caso incluye el intento de dar leyes para impedir el potente encuentro de las investigaciones fiscal y periodística. Ambas son indispensables para la buena salud del sistema democrático. Se trata, entonces, de convertir las revelaciones sobre corrupción en delitos.

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El Ejecutivo de Pedro Castillo empezó creando un lugar secreto para sospechosos, y presumiblemente dolosos. De allí pasó a propiciar la fuga de los investigados. Luego Castillo se apartó de la prensa para evitar cualquier desliz que lo pudiera incriminar. Ahora se quiere perseguir fiscales cuyos avances lleguen a los medios.

Todo esto se debe a que los anticuchos gubernamentales son un racimo cada vez más frondoso, y a que el entorno de Castillo se percibe cada vez más avezado. Pero sobre todo a que el juez Checkley dice que este presidente sí puede ser investigado por los fiscales. Castillo ya está teniendo que declarar ante la justicia, y no le gusta.

Pero mientras el gobierno busca volver delitos a las filtraciones de información desde investigaciones fiscales, se dedica a tratar de poner en manos de una parte de la Corte Suprema los juicios y antejuicios políticos. Es decir retirarle esa facultad al Congreso de la República. Es casi imposible que una facultad, es decir un poder, así prospere.

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Un gobierno que no puede mantener el ritmo de vacunación, ni tratar de importar urea sin tropezar, ni capturar a sus prófugos, ni evitar los asaltos a la minería, ni administrar las alzas de precios, ahora se atreve a practicar el juego del tinterillaje antidemocrático. Nunca las chambonadas de este Ejecutivo han sido tan transparentes.

¿Quién es el asesor que le ha ofrecido a Castillo réditos de impunidad con este ataque a fiscales y medios? Lo que está logrando es aumentar el celo de los investigadores.