Los blindajes
El Congreso de la República insiste en archivar denuncias contra acusados de corrupción.
Hay una tarea que están llevando a cabo los congresistas, en especial los miembros de la Subcomision de Acusaciones Constitucionales, antes de ser reemplazados en sus cargos. Están cerrando todos los expedientes de los acusados por corrupción y contra los que existen mandatos fiscales de investigación y comparecencia, que son obstruidos por la protección que les brinda el Congreso.
Este blindaje se activa solo para los aliados del fujimorismo. Se ha hecho ostensible en el caso del excontralor Edgar Alarcon, que fue acusado por la fiscal de la Nación ante las evidencias de enriquecimiento ilícito y otros delitos. Él fue protegido y su caso archivado, pese a las pruebas mostradas en la investigación.
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El caso del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry también muestra esta voluntad exculpadora y protectora del delito que está caracterizando a la subcomisión y a las bancadas promotoras de este blindaje. Votaron en el Pleno para impedir que se aplique la inhabilitacion por 10 años que se estaban solicitando.
La causa contra Tomás Aladino Gálvez, otro fiscal supremo, también fue enviada al archivo. Se le acusaba de haber intervenido directamente en el caso de Los Cuellos Blancos, para interferir en el proceso y favorecer a los involucrados en esta red, que quiso acceder al control de la justicia para favorecer al fujimorismo.
Ayer, se ha procedido a enviar al archivo la causa abierta contra Héctor Becerril, excongresista del fujimorismo con una denuncia por tráfico de influencias. La presidenta de la subcomisión, Rosio Torres de APP, el partido de César Acuña, ha hecho esta solicitud y ha pedido a la presidenta del Congreso de la República que confirme su iniciativa.
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Rosio Torres es quien mandó al archivo –con su voto dirimente– el caso abierto contra Manuel Merino, Ántero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez, por el crimen cometido contra Inti y Bryan, fallecidos durante las protestas de noviembre del 2020.
Esta tenaz protección que ha desplegado el Congreso y, en especial, la subcomision, solo alimenta más la desconfianza y el descrédito de los parlamentarios entre la ciudadanía. Mientras se empeñen en cubrir con el manto de impunidad a los acusados de corrupción, serán incapaces de juzgar a otros y levantar el dedo acusador.
