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Batalla en el Congreso

Se ha desatado la guerra por la presidencia de la Mesa Directiva.

El debate que se abre sobre el futuro de la Mesa Directiva del Congreso parece ser el del cuoteo y la repartija de los partidos políticos y poco tiene que ver con los temas centrales que preocupan al resto de los peruanos.

Es absurdo que sobre la base de un acuerdo entre ellos y en privado —y que ahora no quieren respetar— se estén metiendo zancadillas para eliminar uno por uno a los contendores, para ir imponiendo al candidato que les conviene.

¿Tiene el postulante con buenas propuestas alguna iniciativa destinada al bien común? Nada. Exclusivamente se está tratando de imponer por la fuerza la candidatura de quien los beneficiará con mayores blindajes, más votaciones de medianoche, más argucias y menos transparencia.

El Congreso que lidera ahora María del Carmen Alva es el más desprestigiado de los poderes del Estado. Con casi un dígito de aprobación, y pese a todo el descrédito, sigue tenaz en su propósito golpista al mismo tiempo que prepara su blindaje y aspira a que los congresistas puedan permanecer en sus escaños, si se renueva el gobierno.

A pesar de que en declaraciones públicas sostienen que acatarían la voluntad popular de que se vayan todos, han alistado modificaciones constitucionales con las que se van atornillando a sus curules, garantizándose la reelección, la posibilidad de volver como senadores y todo tipo de prebendas políticas para sus organizaciones, yendo en contra de los propios cronogramas de las elecciones ya convocadas.

Este accionar, que cuenta con el visto bueno de la Mesa Directiva actual, es dirigido por el fujimorismo representado por Patricia Juárez y ha perforado cientos de veces la Constitución del 93 para su provecho político. Ella fue el brazo derecho del alcalde Castañeda, y ahora planifica medidas para garantizar la permanencia de los congresistas, aun en contra de la voluntad popular.

Es el mismo núcleo fujimorista con sus aliados quienes han blindado al excontralor Edgar Alarcón, a los exfiscales Chávarry y Tomás Gálvez, y que al mismo tiempo van estrechando el círculo para obtener la destitución de Dina Boluarte, actual vicepresidenta.

Debe quedar claramente establecido que si cayese el Gobierno por inoperante y corrupto, también el Congreso por lo mismo, con el agregado de su permanente posición de espaldas al país, que se refleja en cada gesto que adoptan.