Entre audios, videos y chats

La semana pasada se hizo pública la transcripción del audio de una conversación que acreditaría la entrega de dinero a un exministro por presunto favorecimiento en contratos públicos. También audios de la presidenta del Congreso, con sus consultas para lograr la vacancia del presidente, con supuesto apoyo de las Fuerzas Armadas.

Estos episodios se suman a una constante en la realidad peruana: audios y videos comprometedores que contienen presuntos actos de corrupción o hechos de gran relevancia para el acontecer político. Desde los “vladivideos” y “petroaudios”, múltiples audios y videos han tenido impacto en la reciente historia del país. A esto se suman los chats filtrados, que se difunden masivamente, en esa línea, a veces tenue, entre la farándula y la política peruana.

Además de la decreciente sorpresa por la “filtración” de este tipo de material audiovisual, tal vez lo que más llama la atención es nuestra aparente normalización de su contenido, los que, en otras épocas, hubieran generado que se alce la voz de manera más unánime e incluso masivas protestas. La poca reacción generada parece haber sido más bien limitada a unos pocos y de manera selectiva. Se puede cuestionar que la titular de un poder del Estado promueva la vacancia del presidente (más si vería directamente beneficiada con su procedencia al asumir la Presidencia de la República) y, al mismo tiempo, indignarse porque este último audio se sume a la larga lista de presuntos actos de corrupción del Gobierno, que, además, están cada vez más cerca de un presidente que se rehúsa a responder sobre ellos.

Evaluar posibles escenarios jurídicos para la salida de un presidente y pretender emplear para ello las Fuerzas Armadas puede ser legítimamente criticado (sobre todo por quien formula la consulta), pero no es lo mismo que incurrir en actos de corrupción, con el direccionamiento de contrataciones públicas, que es un delito. Para ser coherentes, en todo caso, habría que alzar la voz, en su justa proporción, contra estos actos, y no según simpatías o antipatías con Gobierno o Congreso.

Posiblemente para evitar que este tipo de conversaciones u otros actos sean cuestionados por la opinión pública, tanto Gobierno como Congreso se rehúsan a una mayor interacción con los medios de comunicación. El presidente, sin dar entrevistas por más de 100 días y evitando todo tipo de preguntas de la prensa hacia él; la presidenta del Congreso, impidiendo el ingreso de periodistas al recinto parlamentario. Al respecto, tal vez nunca más válida la frase “El que no la debe, no la teme”, lo que es no solo una posibilidad, sino un deber cuando se es autoridad o funcionario público, sometido al legítimo escrutinio público y a la crítica ciudadana sobre el ejercicio de las competencias. Los medios de comunicación son intermediarios de la información que recibe la ciudadanía y toda autoridad debería acudir a ellos para responder sobre sus actos, les tenga o no simpatía.

Ahora bien, no hay que olvidar que, según una encuesta reciente, el Perú es el segundo país de Latinoamérica donde menos se confía en la gente. Esta desconfianza no puede más que agravarse al percibir que muchos en los que se confiaba defraudan la palabra e incluso cometen delitos. Lo ideal sería que cada vez menos audios, videos y chats sean relevantes en la política peruana y dejen de sumar al pesimismo y la desesperanza. Y también que la clase política entienda que sus acciones tienen un gran impacto en esa confianza -creciente o decreciente- de todas y todos nosotros, como ciudadanía. El problema de dejar de creer no es no creer en nada, sino que se termine creyendo en cualquiera o en cualquier cosa. Vale también para la política y la sociedad.