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El Estado contra el Estado

Archivo General de la Nación a punto de ser desalojado por el Poder Judicial.

Hay más de 240 millones de documentos que requieren de tratamiento especializado y que expresan nuestra historia republicana y también la herencia colonial, que podrían estar en grave peligro debido a que el Poder Judicial ha ganado una orden de desalojo contra el Archivo General de la Nación, que podría cumplirse.

El principal repositorio de nuestra nación consistente en el Archivo Notarial y el Archivo Histórico se mantuvo por décadas en un espacio que pertenece al Palacio de Justicia. Aunque exista un debate sobre el área en litigio y si corresponde o no la permanencia de la entidad en el cuestionado espacio, lo principal es cómo y dónde se pretende trasladar la memoria histórica del país, de cumplirse el desalojo ordenado por el propio Poder Judicial.

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Lo más grave es que se acaba de aprobar el expediente técnico para que se construya, en el distrito de Pueblo Libre, un edificio donde se unificarían las diferentes sedes del Archivo General de la Nación en una sola, pero este litigio del Estado contra el Estado podría poner la documentación en peligro si se procediera a la orden de desahucio. No se trata de cumplir la orden judicial por cumplirla, es necesario que se recupere el sentido del reclamo y se proceda a la protección del bien común y al interés superior de un país.

Cualquier traslado de documentos requiere, por la antigüedad y la labor de preservación, de un despliegue de medidas de orden técnico que eviten el deterioro, la pérdida o la sustracción de los documentos. Solo el 1% de todo el material conservado en el Archivo se encuentra digitalizado, por lo que la labor se hace aún más riesgosa.

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El AGN reúne en el Archivo Colonial documentación que evidencia cómo se gestionó la administración pública y judicial en la conquista y el posterior virreinato. También se ubica toda la documentación generada por el Estado, desde la fundación de la República. El material está a disposición de usuarios (investigadores, historiadores, estudiantes, ciudadanos en general) que utilizan los archivos como fuente de investigación.

En plena celebración del bicentenario, una situación así parece absurda e inadmisible. Sin embargo, existe la orden y el desalojo sería inminente. Un país que no preserva su memoria histórica está debilitando su identidad. O como asegura el célebre precepto de George Santayana: “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”.