Biombos en los coliseos de Vladimir
El gobierno que no gobierna sino que sigue en campaña.
La terquedad en una asamblea constituyente (AC) evidencia a un gobierno que, en vez de gobernar, apuesta por seguir en campaña electoral para camuflar las expresiones indiscutibles de ineptitud, mediocridad y corrupción.
El presidente Pedro Castillo lanzó el proyecto como cortina de humo que, en realidad, fue salto al vacío, y tras su archivamiento en el Congreso, el gobierno respondió que se estaba impidiendo a la ciudadanía a decidir si quiere una AC, cuando solo era un atajo antidemocrático de Vladimir Cerrón.
Entonces, Cerrón se refirió a “la vía no pacífica” para imponer una nueva constitución; Castillo a que “el momento constituyente no nos va a buscar, y al pueblo no se le puede amordazar”; y Aníbal Torres dijo que “no estamos promoviendo la AC desde el gobierno, porque el Congreso ya resolvió, pero eso no significa que nosotros tengamos que impedir a la población que pueda organizarse y llevarla a cabo, o que otros partidos políticos lo promuevan”.
Eso es mentira porque el gobierno sigue promoviendo la AC, con el liderazgo persistente de Cerrón, quien pone a sus dos lugartenientes –Castillo y Torres– y a todo el gabinete ministerial al frente de unos ‘consejos de ministros descentralizados’ (CMD) que no son instrumentos de gestión pública para gobernar, sino operativos proselitistas propios de una campaña electoral, financiados con recursos públicos.
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El plan es lograr una alta votación en la próxima elección para recargar baterías para el avance en el ideario diseñado por Cerrón, a relanzarse como la segunda revolución al día siguiente de la votación, el 3 de octubre, mientras se sigue capturando el sector público con personas incapaces y corruptas al servicio de ese objetivo.
Y mientras Torres y Castillo van por los coliseos del país con el biombo de la democracia directa y el guion fijado por Cerrón en los CMD, con el coro del gabinete ministerial, el país se descalabra por la demolición del sector público, la promoción de la conflictividad regional desde el propio gobierno, el decaimiento del crecimiento económico, la elevación del desempleo, la pobreza y la informalidad, así como el recorte de libertades como el hostigamiento al periodismo para que no informe ni opine sobre el desmadre en proceso.
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