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La prensa bajo acoso

Existe un clima permanente de hostilización y ataques al periodismo independiente.

No es suficiente que una fuente tradicional para el periodismo como es el Congreso permanezca cerrada y que se prohíba la cobertura del trabajo parlamentario, que por definición es público y sometido al control ciudadano, sino que además se les niega a los hombres de prensa el derecho al reclamo, protagonizando reacciones airadas y desórdenes inútiles.

Ayer, tres organizaciones que protegen el derecho de información y las libertades de expresión y prensa —Consejo de la Prensa Peruana, IPYS y la ANP— acudieron al Congreso a respaldar el derecho de los equipos de prensa de los medios de comunicación, que son limitados a los exteriores del Legislativo. Ahí, los empujones, malos modos y reticencia a escuchar los reclamos parecen ser la consigna.

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No es lo único. El maltrato se ha extendido y el mal ejemplo cunde. El Ejecutivo también limita el accionar de los reporteros, prohibiéndoles el pase y manteniéndolos alejados para evitar la pregunta incómoda al presidente Castillo, quien además rehúye a las ruedas de prensa.

También los ministros han hecho del secretismo y el silencio su lema, así como evitan dar cuentas de su labor y confrontar las múltiples denuncias a lo largo de su gestión.

Este acoso a la prensa, que busca la cobertura independiente para garantizar una información de calidad a los ciudadanos, ha resultado irresponsablemente colocada entre dos fuegos en las protestas en marzo y abril, como fue el caso del periodista Raúl Cabrera, de esta casa editora, quien fue detenido, mantenido incomunicado y su material audiovisual dañado y confiscado durante el operativo policial en la mina Las Bambas.

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En esta relación virulenta, hay que anotar la reacción grosera, propia de los dipsómanos, del excandidato presidencial Rafael López Aliaga, quien ayer tuvo frases ofensivas contra este medio de comunicación y se refirió calumniosamente a hechos que ocurrieron en el país, durante la toma de la residencia del exembajador de Japón. Para precisarlo, solo diremos que La República publicó —junto con otros medios y en la misma fecha— información relacionada con la existencia de un túnel (ver edición del 7 de marzo de 1997), ya que se había detectado la excavación y los terroristas suspendieron por esa razón el diálogo. Lo señalado por el candidato no solo es falso, sino difamatorio.

Este clima adverso no puede continuar. Las garantías democráticas incluyen las libertades de expresión, opinión e información y el derecho de la prensa a ejercer su oficio, sin restricciones ni agresiones.