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Narcoestado peruano

“Todo esto sin contar una verdad de Perogrullo: la educación superior en el Perú es un disfraz de la desocupación juvenil...”.

Todavía hay quienes se preguntan si somos un narco-Estado. Lo somos y la denominada contrarreforma universitaria es una prueba más del triunfo de toda esa millonaria lavandería que llenó el país de “universidades” bamba. Todo eso sin contar una verdad de Perogrullo: la educación superior en el Perú es un disfraz de la desocupación juvenil.

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Pero volvamos al narco-Estado peruano. Este colchón de dólares que sostiene la economía peruana también es alimentado con el tráfico de oro (casi toda la extracción ilegal es comercializada por empresas mineras “formales”) y por la creciente tala ilegal. Es el trinomio devastador: narcotráfico más extracción ilegal de oro más tala ilegal. Tres actividades ilícitas que no solo se integraron a la macroeconomía formal, sino que también tienen sus representantes en el Ejecutivo y en el Legislativo. Tres actividades que, además, están arrasando nuestra Amazonía.

La crisis provocada por el confinamiento y la pandemia solo aceleró esta política de tierra arrasada en la Amazonía peruana. Miles de personas se internaron en el monte para sembrar coca, preparar su “perica”, cocinar y comercializar su cocaína de exportación. También para construir decenas de aeropuertos clandestinos o para trabajar como mochileros en el Vraem y otras zonas selváticas.

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Otros aprovecharon el confinamiento para internarse en el bosque y talar árboles que se comercializan en el mercado formal previa falsificación de certificados. Pero la creciente extracción de oro fluvial (ver los reveladores reportajes de María Elena Hidalgo publicados recientemente en La República) debe ser la única promesa electoral que cumplió Pedro Castillo. Basta recordar que su primer mitin de campaña fue en Puerto Maldonado ante miles de mineros informales e ilegales. A ellos les prometió el oro y el moro. Y lo cumplió: hoy en día la minería formal está amenazada por instigadores afines al Gobierno, mientras la minería ilegal goza de buena salud con la bendición del Ejecutivo.