¿Qué está en juego con el Tribunal Constitucional?

Entre las diversas noticias, algunos temas dejan de ser estelares en el debate público. Ha ocurrido con la elección del nuevo Tribunal Constitucional. Todo parece indicar que hoy al final del día podríamos tener cinco nuevos magistrados y una magistrada, al concluir un proceso que no ha estado exento de críticas. Criterios cuestionables de la Comisión (como no computar los textos elaborados en un idioma diferente al castellano), pretender exonerar de manera selectiva de ciertos requisitos (como reportes de la Contraloría), sesionar en horas de la noche (o fuera de la posibilidad de un verdadero control de la ciudadanía), hacer entrevistas sin parámetros previamente establecidos y con sesgos en las preguntas y sobre todo no hacer verdaderos filtros frente a candidaturas más políticas que motivadas por una búsqueda de la idoneidad en la conformación final del Tribunal.

Ahora, en la recta final, nunca está de más apelar por última vez a las y los congresistas, quienes deben tomar la decisión de apoyar o no las candidaturas con sus votos, sobre todo recordándoles -y de paso también a todos nosotros- qué está en juego cuando se decide seleccionar a un/a magistrado/a constitucional.

El Tribunal Constitucional se encarga de defender que la Constitución prevalezca y proteger derechos. ¿Cómo lo hace? Cuando se presenta una demanda de inconstitucionalidad, al considerar que una ley que se ha aprobado es contraria a la Constitución. También al conocer un proceso competencial, cuando las entidades públicas cuestionan que sus funciones hayan sido asumidas por otra o también -y este supuesto se ha utilizado mucho en los últimos años- cuando el ejercicio de cierta función por una entidad puede estar afectando las competencias de otra. Por otro lado, decide en última instancia la protección frente a casos que involucran derechos como libertad personal, libertad de expresión, trabajo o salud, entre otros.

Estas competencias en abstracto tienen además muchos ejemplos en concreto en nuestro país. Si empezamos con la crisis política, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre muchos de los principales debates entre gobierno y Congreso: las cuestiones de confianza, si fue o no constitucional la disolución del Parlamento y tuvo también la oportunidad -aunque no lo hizo sobre el fondo- de pronunciarse sobre la causal de vacancia por incapacidad moral permanente contra el presidente de la República. Nos gusten más o menos las decisiones en estos casos, no podemos negar la importancia de lo que resuelve el “supremo intérprete de la Constitución”. Antes, se pronunció también sobre vías para reformar la Constitución dentro del marco institucional (y podría volver a hacerlo en el futuro).

De igual modo, el Tribunal ha decidido sobre el reconocimiento o no de la inscripción del matrimonio entre personas del mismo sexo (celebrado en otro país); en este caso, con una decisión que nos deja muy a la retaguardia en la región (especialmente frente a la Opinión Consultiva 24 de la Corte Interamericana) o sobre reconocer el derecho a la identidad de género de las personas trans. Aún sigue pendiente su decisión -tema sobre el que se ya pronunció en el pasado- sobre la posibilidad de continuar con la distribución gratuita de la anticoncepción oral de emergencia. Y ha ordenado que se dicten políticas públicas para proteger derechos sociales como el derecho a la salud (física y mental), permitir una verdadera cobertura educativa en zonas rurales o dar soluciones a problemas estructurales en el país como el hacinamiento en las cárceles.

Con todo ello, debemos estar vigilantes frente a la decisión del Congreso. La protección de la Constitución y el grado de cobertura a los derechos en los siguientes años depende mucho de la nueva conformación del Tribunal.