Diego García Sayán

Diego García Sayán

Atando cabos
Abogado y Magister en derecho. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores (2001- 2002) y de Justicia (2000- 2001). También presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados. Autor de varios libros sobre asuntos jurídicos y relaciones internacionales.

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La transición pendiente

“¿Qué se puede y debería esperar? Que jóvenes asuman un papel más activo para ser parte activa de un impostergable proceso de salvación y transición democrática”.

Las noticias diarias sobre temas recurrentes aburren. Seguir lo del desinfle de las instituciones y una polarización que no gira en torno a ideas sino a intereses personales es no solo aburrido sino agobiante. Mientras se especula sobre adelanto de elecciones y la “reforma política pendiente” que el actual Congreso de ninguna manera llevará a cabo, el país entra en un grave curso de colapso institucional.

Prefiero evitar las comparaciones, pues cada situación nacional tiene sus propias características y explicaciones, pero ante nuestro derrumbe cae por su peso concluir que pocos países de la región están en situación tan crítica. Por las actividades que desempeño tengo que estar en permanente contacto con realidades institucionales y políticas de otros países latinoamericanos y no puedo llegar, lamentablemente, a otra conclusión. En el reciente sondeo de abril de Ipsos-Global Advisor en el Perú, el 93% piensa que se va en la dirección incorrecta; el último de los 27 países estudiados.

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Pero, ojo, que lo que ocurre no es un bache de momento. Es solo parte de un largo proceso “tallado a mano” y que ciertamente no está causado por el “castillismo”, cuya gestión solo le añade una visible raya más al tigre. Esto se arrastra al menos por 15 a 20 años. Eso por la frustración y falta de continuidad con la transición democrática iniciada, con gran sentido y precisión, durante el gobierno de Valentín Paniagua (fines 2000 al 2001). Pero careció de seguimiento y liderazgos apropiados en los años que siguieron. La cereza encima de la torta han sido los remezones e inestabilidad de los últimos cuatro años con igual número de presidentes y un “que se vayan todos” que no es nuevo sino reclamo regular en ese lapso.

La actual profundización del colapso e ilegitimidad institucional, y el actual “que se vayan todos”, dada la gravedad de la crisis es más que obvio que una nueva elección general no la resuelve. Así como también que no se hará la mentada “reforma política” por lo que es estéril seguir repitiendo que esta debe ser condición previa. Más que obvio: quien tendría que aprobar esa reforma —el Congreso—no solo no tiene la menor intención de hacerla sino que está desandando con todo lo poco que se había avanzado en reglas electorales.

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Si se adelantan las elecciones generales para que postule “más de lo mismo” nada cambiaría. Pues así vistas las cosas no solo las reglas vigentes serían las mismas y a primera vista sería el mismo tipo de postulaciones. Si pisamos tierra y vemos con realismo qué se podría esperar de un nuevo e hipotético proceso electoral general, vendría ese trágico más de lo mismo que podría ser antesala de un fulminante colapso institucional. Inercialmente se marcha en esa dirección.

¿Hay otro camino? Se puede y debe pensar, optimistamente, en otra ruta posible. Su desarrollo requiere, sin embargo, la urgente irrupción de nuevas corrientes y liderazgos para salir de este disco rayado. Que surjan, especialmente, de una juventud que demuestra su calidad en varios escenarios pero que parece haber optado por la prescindencia en la acción política. Muy grave y preocupante.

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¿Qué se puede y debería esperar? Que jóvenes asuman un papel más activo para ser parte activa de un impostergable proceso de salvación y transición democrática. Y que tengan un plan de acción a la vez acotado como ambicioso para generar el clima y condiciones para un proceso de transición acotado en el tiempo (¿dos años?). Y con cuatro prioridades: las reformas institucionales bloqueadas en lo electoral y la participación política, afinar el ineficiente proceso de descentralización, diseñar una institucionalidad que apunte a la eficacia en asuntos impostergables como una mayor eficiencia en la ejecución de los recursos y generar una capacidad institucional de procesamiento de conflictos sociales (algo en lo que han fallado todos los gobiernos en los últimos veinte años).

Si se adelantan las elecciones para levantar esas banderas fundamentales —y acotadas— tendría sentido dar ese paso. Pero eso dependerá de que tantas mentes y fuerzas brillantes que hay en la juventud decidan tirarse a la piscina.