Represión a la orden

El manejo de los conflictos en el mal llamado “Corredor Minero” es calamitoso y el último episodio, que ha incluido represión violenta por parte de la PNP, no puede pasar por agua tibia como pretende el premier Aníbal Torres.

En un vergonzoso comunicado, la PCM afirma que el desalojo de la comunidad de Fuerabamba de las tierras en torno al tajo en explotación de Las Bambas es un acto en el que el Ejecutivo no tiene responsabilidad alguna. Que la PNP ha actuado de manera autónoma, habilitada por la “defensa posesoria extrajudicial” que contempla el Código Civil a pedido de la empresa. Esta afirmación es una clásica media verdad, usada por quienes pretenden lavarse las manos pese a tener la sartén por el mango. Es central poner en evidencia que el primer ministro y el ministro del Interior, Chávarry, sí deben rendir cuentas y asumir responsabilidades.

La figura de defensa posesoria sí existe, pero la participación de la PNP, sobre todo cuando se requiere un número elevado de oficiales, no es algo que un privado solicite como si nada y se lleve a cabo sin el conocimiento de las autoridades, en particular el Ministerio del Interior. Revisemos casos previos, como el desalojo de Lomo de Corvina en Villa el Salvador (propiedad privada) o de la Bella Durmiente en Independencia (propiedad pública). En ambos casos hubo una ocupación que permitía el uso de la defensa posesoria. Para que la PNP se atreviera a movilizar a los efectivos necesarios hubo coordinaciones entre diferentes sectores, Vivienda, Ambiente, Justicia, Interior e incluso coordinación con gobiernos locales y con parlamentarios.

El desalojo de los comuneros de Fuerabamba no puede haberse realizado sin que el gobierno estuviera enterado y sin que aceptara que ese número de efectivos se desplazara de distintos puntos hacia Apurímac. El Gobierno sabía de la operación y permitió que se desarrolle. Dejen de mentir.

Si realmente no sabían, el jefe de la PNP ya estaría destituido y el ministro Chávarry fuera del gabinete. El poder y mando sobre la PNP está en manos del Estado. No vengan a decir que ahora cualquier privado puede llamar a pedir un desalojo como quien ordena una pizza el domingo en casa.

Junto a esto está el uso de perdigones que han causado decenas de heridos. La estrategia de represión no puede seguir incluyendo el uso de perdigones para infligir daño físico en el cuerpo de los y las ciudadanas que protestan. Al momento de la irrupción de la policía estaban familias enteras, incluyendo niñas y niños. ¿Puede un ejercicio de “defensa posesoria” pedido por un privado tener efectivos de la PNP que usen perdigones y el Ministerio del Interior no decir nada? ¿En serio? El irresponsable comunicado de la PCM es inadmisible. El premier está abdicando públicamente a una de sus funciones esenciales: gestionar los conflictos sociales.

Desde acá me sumo a la exigencia de redes y organizaciones de derechos humanos que exigen la renuncia del ministro Chávarry y del premier Torres.