Ni muerte ni castración

Tocar indebidamente a una niña, niño o adolescente no es ser un degenerado. Violar a una niña, niño o adolescente no es estar enfermo. Violar y secuestrar a una niña, niño o adolescente no es ser un desadaptado. Violar, secuestrar y matar a una niña, niño o adolescente no es ser un monstruo.

Quienes cometen estos crímenes son personas, en su mayoría hombres, que encajan y funcionan perfectamente en una sociedad misógina y machista. Si tenemos instituciones, así como figuras entrañables y admiradas por miles de peruanas y peruanas que tratan un caso de violencia de género física y psicológica como un asunto personal o un problema de pareja, ¿qué le puede esperar a una niña acosada o abusada?

El caso de Juan Antonio Enríquez García, el hombre que violó y secuestró a una niña de 3 años en Chiclayo, ha generado indignación en (casi) todos los espacios. Desde el presidente hasta figuras del espectáculo nacional se han pronunciado al respecto. Una conversación a parte se merece el determinar por qué este hecho en particular y no las otras violaciones o denuncias de acoso y feminicidios que ocurren día a día en el Perú.

Lo que es cierto es que la edad de la víctima y el estado en el que se la rescató han movilizado a cientos de personas en distintas partes del país pidiendo justicia a través condenas más severas para los violadores. Pena de muerte y castración química son los castigos que encabezan la lista de propuestas. Dos acciones que, además de ser incompatibles con la defensa de los derechos humanos a la que el Perú está adherida, rozan lo populista y no pueden estar más alejadas de la problemática real.

Porque las violaciones sexuales no son actos que responden a una necesidad fisiológica. Reducir los abusos a cuestiones físicas o de “exceso de libido” es ignorar las causas históricas y sociales detrás de esta forma de violencia de género. Es un tema de poder. Así como el acoso no es cortejo, las violaciones no son desfogues sexuales; sino una manera de sometimiento a personas (mujeres y niñas principalmente) consideradas objetos. Y eso no se resuelve con castración química ni con pena de muerte. Si la educación no se compromete, la sociedad misma seguirá formando potenciales violadores.

Beatriz Ramirez, abogada y experta en Derecho Constitucional, difundió en Twitter una serie de estrategias que el Estado podría adoptar (y retomar) para prevenir las violaciones: un registro público de agresores, la promoción de procesos inmediatos en Chiclayo y otros puntos del país, la implementación de la especialización policial para atender e investigar casos de violencia de género, entre otros.

Existen diferentes mecanismos relacionados al fortalecimiento de un sistema judicial que no promueva la revictimización, una sanidad pública que respete y pongan al centro la integridad de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas trans, una educación con enfoque de género para que infancias y adolescencias sepan identificar cuando alguien viola su autonomía física, un poder ejecutivo y legislativo comprometidos con garantizar derechos.

Es revelador que las mismas personas que se llaman a sí mismas “pro vida” por estar en contra del derecho a decidir de las mujeres exijan la pena de muerte o castración para violadores. Exigir estos castigos omite (a propósito) la raíz del problema. Resulta conveniente para las y los antiderechos que la atención se diriga a renunciar a convenios internacionales por los derechos humanos y no en fortalecer justicia, salud y educación, sectores desde donde se puede y debe combatir la violencia de género en todas sus formas.