Jo-Marie  Burt

Jo-Marie Burt

Doctora en ciencia política por Columbia University. Profesora en George Mason University y Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), investiga sobre violencia política, autoritarismo, derechos humanos, y justicia transicional en América Latina. Síguela en Twitter @jomaburt.

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La justicia devuelta

“Las víctimas del fujimorismo lograron, una vez más, imponer la ley ante la insistencia del fujimorismo de actuar fuera de ella, en beneficio de su propio poder y agenda política”.

“Nos devuelven justicia”, escribió Gisela Ortiz en Twitter, en referencia a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado del Perú de desistir de ejecutar la resolución del Tribunal Constitucional que le concedió la libertad a Alberto Fujimori, quien en 2009 fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato de graves violaciones a los derechos humanos.

Asistí a varias audiencias del juicio a Fujimori en calidad de observadora internacional. A través del juicio, Fujimori no solo negó la responsabilidad por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, también intentó sembrar la duda de que existieron. “Si estos crímenes horrendos ocurrieron durante mi gobierno”, dijo, “es una pena, pero no fui yo quien los ordenó”. No podía pedir perdón por estos crímenes, aseveró, pues no eran de su responsabilidad. Hasta el día de hoy, Fujimori mantiene su total inocencia.

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A un mes del inicio del juicio, en enero del 2008, Keiko Fujimori anunció la creación de Fuerza 2011 para competir en las elecciones presidenciales del 2011 —su primero de tres intentos fallidos de llegar a la presidencia—. Su hermano Kenji explicó el motivo real para crear el partido: recolectar un millón de firmas, dijo, sería “un pasaporte a la libertad” de su padre.

Keiko siempre mantuvo que el juicio fue una persecución política hacia su padre. Incitó a sus seguidores a cuestionar la imparcialidad del tribunal de la Corte Suprema a cargo del juicio, sin medir las consecuencias para la nueva democracia peruana.

Luego de que se ratificó la condena a Fujimori, Keiko presionó a los presidentes de turno de otorgarle un indulto. Ni Alan García ni Ollanta Humala lo hicieron.

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En 2016 cambió el panorama. Si bien Keiko perdió la presidencia, ganó una supermayoría en el Congreso. Para entonces, sus ambiciones políticas pudieron más que su deseo de ver a su padre libre. Cuando quedó evidenciado que su hermano Kenji había incitado a una facción del partido a votar en contra de la vacancia del entonces presidente Kuczynski que ella misma impulsaba a cambio del indulto para su padre, lo expulsó del partido y ordenó la filtración de audios que mostraban que Kenji que estaba comprando los votos de sus correligionarios para cumplir con su parte del acuerdo, hecho por lo cual está siendo procesado. El resto es historia: la Corte Suprema anuló el indulto por fraudulento y violatorio del derecho nacional e internacional, y Fujimori fue regresado a la cárcel.

Las víctimas del fujimorismo lograron, una vez más, imponer la ley ante la insistencia del fujimorismo de actuar fuera de ella, en beneficio de su propio poder y agenda política. Gracias a su perseverancia, efectivamente, se devolvió la justicia a los sobrevivientes del fujimorismo, ya que la dignidad siempre estuvo fuera de toda duda.