Los deudos son ochenta y siete, por César Azabache Caracciolo

Me cuesta entender cómo funciona la mente de quien, teniendo delante un curso de acción seguro y estable, insiste tercamente en seguir otro, tortuoso y destinado al continuo fracaso. Me refiero a quieres han venido promoviendo la restauración del indulto concedido a Alberto Fujimori en diciembre de 2017. En mayo de 2018 la Corte IDH dejó establecido que para interrumpir su condena o autorizar que el saldo que queda se cumpla en casa, entre otras opciones, debía procederse de cara a las víctimas, jamás a sus espaldas. Kuczynski indultó a Fujimori a sus espaldas en diciembre de 2017. La primera minoría del TC ha usado un procedimiento también seguido a sus espaldas para insistir en ese indulto hace solo unos días.

Aparentemente quienes promueven el indulto quieren una medida que incluya en su definición una cuota de desprecio, de invisibilización hacia los deudos de las masacres por las que fue condenado. La clemencia que busca Fujimori puede discutirse de manera segura en la dirección contraria, en un proceso que les incluya, que les reivindique como lo que son, las víctimas de dos crímenes innegables. Pero no, quienes promueven el indulto parecen necesitar además que se proceda en el más silencioso y absoluto desprecio.

Me pregunto entonces si se persigue obtener mejores condiciones para los últimos días de Alberto Fujimori o si se está usando el indulto como simple pretexto para confirmar la falsa potencia de una entraña autoritaria. Porque el otro camino es mucho más seguro, solo que han decidido ignorarlo.

Hacer invisibles a las personas. Se hizo en la campaña del fraude en mesa. También se hace cada vez que el gobierno hace referencia al “pueblo” vaciando la construcción de contenido. Una de las cosas que tenemos que hacer para salir de este entrampamiento cargado de frustración en el que andamos supone reconocer que delante nuestro hay siempre una persona; no un número, no un cargo, no una categoría o una etiqueta; una persona con derechos, con un rostro, una voz, una historia de vida que merece respeto, que debemos escuchar.

Pido a quienes promueven la restitución del indulto enumerar al menos a 5 de los deudos de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. ¿No pueden? Lean esta lista hasta el final:

Son Gisela, Edith, Gaby, Natalia, Haydé y Víctor Ortiz; Magda Perea; Antonia Pérez; Raida Cóndor; Dina Pablo; Rosario Sánchez; Margarita, Maite, Zoila, Rosario, Hugo, Fedor, Carlos y Vladimir Muñoz; María, Susana, Carmen, Hilario, Carlos, Alberto, Juan y Francisco Amaro; José Teodoro; Bertila Bravo; Carmen, José y Jaime Oyague; Pilar Fierro; Demesia Cárdenas; Augusto Lozano; Juana Torres; José León; Edelmira Espinoza; Dina y José Pablo; Serafina Meza; Isabel Figueroa; Román Mariños; Rosario Cardoso; Viviana, Marcia y Margarita Mariños; Carmen Chipana y Celso Flores.

También Luis y Alfredo Tolentino; Rocío Obando; Severina, Maribel, Sully, Luis, Fausto, Martín y Felipe León; Elizabeth Flores; Estela Borja; Caterin y Albino Díaz; Virginia Ayarquispe; María Astolvilca; Félix Huamanyauri; Eugenia Lunazco; Isabel, Cristina y Elizabeth Ríos; Rosa Rojas; Leonarda, Gladys y Virgila Arquiñigo; Natividad Condorcahuana; Tomás Livias; Alfonso Rodas; Norma, Sonia, Walter y Juan Quispe; Amalia Condori; Crisosta Valle; Giovanna, Rocío y Elías Rosales; Gregoria Medina y Celestina Alejandro.

Ochenta y siete personas que hace 30 años o más vieron los cuerpos de sus parientes regados en el patio de una casona en el jirón Huanta o encontraron sus restos calcinados enterrados en cajas de cartón en un paraje descampado o los perdieron para siempre en un horno clandestino en los sótanos del SIE.

Ochenta y siete personas a las que, una por una, seguimos ignorando.