¿Vacancia o nada?

Mientras escribo aún no hay resultado sobre la vacancia contra el presidente de la República. Según todos los pronósticos, no habría votos suficientes (se requieren 87) para que deje el cargo con la interpretación -aún extensiva- de la incapacidad moral permanente. La interrogante que subsiste es qué implica el rechazo de la vacancia en términos de las acciones de gobierno y Congreso, y su interacción.

Lo ideal sería que se intente un acuerdo entre ambos poderes del Estado con una agenda mínima en favor de las y los peruanos. Sin embargo, el pacto vigente que le permite al presidente permanecer en el poder se percibe no para avanzar, sino para retroceder en salud, educación, transportes o enfocado en generar amplios consensos para la contrarreforma política y hasta para la impunidad.

En medio de todo ello, la predominante mayoría de la población, 80% según la última encuesta del IEP (antes 74%), sigue queriendo que todos dejen su cargo (“que se vayan todos”).

Hace un par de semanas, en el anuncio que pudo ser y no fue, el Gobierno indicaba que evaluó el presentar un proyecto de ley para solicitar el adelanto de elecciones, pero que el presidente decidió omitirlo de su discurso finalmente presentado.

La última vez que una iniciativa de este tipo se propuso desde el Ejecutivo fue en el año 2019. En medio de negociaciones para su aprobación, el proyecto fue rechazado por el Congreso. Pero esta propuesta sí prosperó en el año 2000 y motivó la aprobación de una reforma constitucional en ese sentido, para acortar los periodos presidencial y congresal. Fue producto de la presión ciudadana e internacional tras asumir el poder post una elección fraudulenta que además convalidaba inconstitucionalmente una re-reelección presidencial, con pruebas de corrupción sistémica promovida desde el Gobierno, lo que motivó protestas ciudadanas que finalmente derivaron en esta reducción de los periodos del Congreso y Gobierno.

¿Hay alternativas o posibles soluciones desde la ciudadanía? La protesta ciudadana ya no parece tener el mismo empuje que en el año 2000, tampoco que en el 2020. Entonces surgen alternativas como un proyecto de reducción de tiempos en los cargos presidencial y congresales que provenga de una iniciativa ciudadana. Coincidimos con la importancia de que la ciudadanía vuelva a cobrar protagonismo y no deba resignarse a la parálisis o a la contrarreforma. Sin embargo también notamos, como muchos ya han advertido, que no puede ignorarse la complejidad del proceso por el cual se recogerían las firmas requeridas para la iniciativa de reforma constitucional (0,3% de la población nacional), y también que el pronóstico de aprobación en el Congreso resultaría bastante bajo, dada la agenda reticente del actual Legislativo para dejar el poder.

Frente al rechazo de la iniciativa ciudadana, además, no parecen existir herramientas claras en la normativa, aunque consideraría que podría intentarse un referéndum ante el rechazo o desnaturalización de la norma (por el artículo 42 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos). La venia congresal requiere además de 66 votos como mínimo, para luego pasar por un referéndum nacional para la aprobación final. Tarea compleja y de largo aliento.

Todo ello nos debe hacer reflexionar, pero también pensar en qué podemos exigir. Exigir al Gobierno y Congreso adoptar medidas eficientes y eficaces para avanzar en la cobertura de derechos y reducir la brecha de la desigualdad, más allá de simbolismos y con un verdadero compromiso a favor de todos los peruanos y peruanas, y no en sus intereses privados o en su solo afán de quedarse en el cargo. Parece pedirse mucho. No debería serlo frente a quienes hemos elegido con esos objetivos.