¿Son legales las protestas a domicilio?

Puede ser el domicilio de Yonhy Lescano, el de la presidenta del Congreso Maricarmen Alva, el de la exvicepresidenta Mercedes Aráoz. Puede ser en la presentación de un libro de Sagasti o ante la casa de un periodista. De pronto, decenas de personas hacen su aparición. Premunidos de altavoces y pancartas proceden a protestar a viva voz con la consigna de hacer llegar al propio hogar del destinatario su descontento. No importa que se trate de domicilios particulares, no importa que se afecte la tranquilidad de los vecinos que no tienen nada que ver con el reclamo. Todo eso pasa a un segundo plano.

En teoría, un escrache, así se llama en otros países, es una acción pública y no violenta, que tiene lugar en el domicilio u oficina de un representante político y que está organizada por un colectivo al que se le ha privado de algún derecho y que busca la rendición de cuentas de una figura pública a la que se identifica como responsable de un agravio. Estas acciones surgieron en Argentina en 1995 para denunciar la impunidad de miembros de la dictadura militar. Después de que el gobierno de Menem indultase a personas condenadas por torturas y asesinatos.

En el Perú, los llamados escraches han llegado incluso hasta los periodistas por razones muchísimo más ligeras y allí está el problema, el vacío, pues no bastan razones ideológicas para legitimar un escrache que en realidad es acoso. Por lo pronto, tres de las cuatro principales asociaciones españolas de jueces entienden que el escrache no es una actividad delictiva, siempre que no haya intimidación o coacción expresa, ya que no es delito por sí mismo manifestarse frente a la puerta de la casa de un político.

Una de las sentencias define esta performance colectiva de la siguiente manera: “Manifestación de grupos activistas que se dirigen al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar y que tiene como fin que sus reivindicaciones tengan repercusión en la opinión pública”. La frontera, según la casuística española, son la violencia, el desorden público, las amenazas y, escúchelo bien, el acoso. La casuística argentina, por su parte, sostiene que cuando el escracheo se convierte en acoso, ya hablamos de métodos fascistas que nada tienen que ver con la democracia, puesto que hacen gala de un totalitarismo que denigra y atormenta al receptor.