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Lucha contra la corrupción e integridad pública

“... se percibe que la victimización y la evasión han sido elegidas como estrategias para atravesar los numerosos y reiterados cuestionamientos”.

Hace una semana trascendió en los medios de comunicación el presunto contenido de la declaración de una aspirante a colaboradora eficaz comprendida en uno de los casos denunciados, por supuestos actos de corrupción, más sonados en lo que va de la gestión del presidente Castillo.

Al respecto, mucha ha sido la información que ha circulado en estos días sobre dicha denuncia y las crónicas periodísticas dedicadas a su análisis, sin embargo, y en contraposición, hemos sido testigos también de lo muy reducidas e insuficientes que han resultado las respuestas brindadas por el presidente Castillo y demás miembros del Ejecutivo, quienes se han limitado a rechazar las imputaciones, cuestionando la motivación final de las mismas, sin brindar explicaciones claras a la ciudadanía sobre los hechos y sin entender la urgente necesidad de establecer sólidas dinámicas de rendición de cuentas frente a un escenario de cuestionamientos muy serios y de total pérdida de confianza, en el que se percibe que la victimización y la evasión han sido elegidas como estrategias para atravesar los numerosos y reiterados cuestionamientos.

Frente a ello, es necesario recordar que la elección del actual gobierno reposa no solo en la decisión legítima de quienes vieron en él a una posibilidad de cambio, sino que están también aquellos para quienes su elección significó, principalmente, cerrarle el paso a la corrupción y latrocinio de una organización política cuya toma del poder por diez años significó, entre otras cosas, la instalación en el aparato del Estado de terribles estructuras, entramados y redes que dieron lugar a uno de los regímenes más corruptos.

Recordemos que fueron muy importantes los pasos que en materia anticorrupción se dieron durante la transición que siguió a la caída del régimen fujimorista, pero que, lastimosamente, estos no fueron continuados en los veinte años siguientes ni con toda la convicción y ni con toda la energía que demandan la lucha frontal contra la corrupción y la promoción de la integridad pública como mecanismo para hacer prevalecer los intereses públicos, sin la perturbación de intereses de otro orden. Lastimosamente, aquello permitió que en esos años se sucedieran nuevos hechos que, presuntamente, escalaron a las más altas esferas del poder y que han llevado y tienen ante la justicia a nuestros últimos mandatarios electos y algunos de sus funcionarios.

Quienes hace más de veinte años no toleraron la brutal corrupción de un régimen y veinte años más tarde decidieron, reiteradamente, cerrarle el paso en las urnas hasta en tres ocasiones, son los mismos ciudadanos y ciudadanas que vivieron el desencanto y la desconfianza en sus autoridades, instalada por todos estos años, y son quienes ahora aguardan explicaciones y determinaciones claras y urgentes de este gobierno, no solo que impliquen un deslinde de estos hechos sino que con ellas se marque un nuevo rumbo real que se materialice en decisiones y acciones concretas que nos saquen, si es aún posible, de la terrible sensación de espiral de estas últimas dos décadas.

La República

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