Sobrevivientes, no delincuentes, por Lucia Solis

Es más que preocupante la forma en que la Policía está manejando la problemática de las mafias proxenetistas en diversos puntos de la capital. Detenciones arbitrarias, transfobia, estigmatización y otras violencias en cada redada. El ministerio de la Mujer, contadas autoridades, así como colectivos de mujeres y diversidades, ya han advertido sobre esta situación sin que nada cambie.

El asunto es más complejo de lo que parece y no debe reducirse a una llamada de atención. Se requiere una transformación total desde lo social y lo legal. Esto, si realmente se quiere sacudir y destruir los cimientos que ejecutan y justifican la violencia transfóbica, que confunden trabajo sexual con trata; y que no conciben que, además de enmarcar a las mafias proxenetistas en el espectro de lo delincuencial, estas son parte de un sistema en el que las trabajadoras sexuales y/o víctimas de trata son consideradas objetos.

Para desafiar y empezar a revertir esta situación, es necesario exigir una reforma total de la Policía que no solo incluya el desmantelamiento de redes de corrupción, sino también la garantía de una transversalización real del enfoque de género y de derechos de la comunidad LGTBIQ+. Si bien existen lineamientos como el ‘’Manual de derechos humanos aplicados a la función policial’' y hasta una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que encontró culpable al Estado peruano por la tortura y abuso sexual de Azul Rojas, una mujer trans, y que a la vez exhorta a implementar un protocolo que incluya la capacitación en estos temas a agentes estatales, no hay mejorías visibles. Esta última recomendación, por cierto, vence este mes sin respuesta alguna.

Distinguir entre trabajo sexual y trata de personas es otro aspecto clave. Aunque es uno de los debates más espinosos y complejos entre los feminismos, la realidad es que existen mujeres (cis y trans) que han encontrado en el trabajo sexual una oportunidad de generar ingresos manejando sus propios tiempos y condiciones. En contra parte, existen miles de mujeres que son víctimas de trata; es decir, que son captadas con promesas de empleos falsos por redes de proxenetas para explotarlas sexualmente, cobrarles cupos, violentarlas y extorsionarlas. Es importante hacer esta distinción no solo desde la labor preventiva de las autoridades estatales y de la Policía, sino también desde la prensa.

Hace unos días dos mujeres fueron asesinadas por el cobro de cupos en el jirón Zepita. A partir de ese hecho, la Policía ha puesto su atención en esta y otras zonas aledañas sin que eso signifique que hayan sido respetuosos de los derechos de tantas otras. Por el contrario, las han detenido y expuesto como delincuentes cuando son ellas las víctimas y sobrevivientes de la explotación. Muchas de ellas son mujeres trans que, debido la precariedad en la que son forzadas a vivir, deben optar por la prostitución como única salida para sobrevivir. No son pobrecitas, ni descarriadas; lo que pasa es que no pueden acceder a un trabajo digno a causa de la indiferencia del Estado.

Perú, pese a los tratados internacionales con carácter constitucional que ha firmado, a las recomendaciones de sentencias como la de la CIDH, la demanda de decenas de colectivos y organizaciones civiles, entre otros, no cuenta con una ley que permita a las personas trans a consignar y ejercer uno de los derechos más básicos: la identidad. Por eso, cuando ocurran estos crímenes de odio, cuando seamos testigos de estos hechos por el medio en el que elijamos informarnos, tengamos en cuenta que no son casos aislados, sino que forman parte de un entramado machista, transfóbico y corrupto que pone en peligro, una vez más, las vidas de muchas mujeres doble y hasta triplemente vulnerables.