¿El gobierno versus la prensa?

En la última semana, han surgido nuevos episodios entre el gobierno y la prensa. El presidente, en un evento público, calificó a la prensa como “chiste”, debido a una pregunta por supuestas contradicciones en sus declaraciones (entre la entrevista a CNN y las brindadas al Ministerio Público), mientras participaba en una actividad vinculada con la educación.

Es posible discutir el rol de mucha de la prensa en los últimos tiempos. No hay que olvidar que la misión de expertos electorales de la Unión Europea consideró que, durante la campaña, la cobertura fue mayoritariamente sesgada a favor de una candidatura, sin separar información de opinión y que ello “socavó el derecho a recibir información veraz”. Es indudable también que la prensa ha asumido un rol fiscalizador, con mayor incidencia que en anteriores administraciones, lo que se ha exacerbado por la frecuencia de cuestionables designaciones por el gobierno. También es evidente que algunos medios olvidan su deber de veracidad (o de cotejo de información) y difunden noticias falsas o fake news. Sin embargo, nada justifica un directo enfrentamiento con la prensa, ya que los medios son solo intermediarios para llevar información relevante a la ciudadanía.

En ese contexto, resalta lo denunciado sobre publicidad estatal. Se trata de los avisos en radio y televisión para difundir mensajes centrales hacia la población (por ejemplo, para saber qué hacer contra la COVID-19, acudir a vacunarse o conocer las medidas frente al reinicio presencial de las clases).

¿Cómo se decide dónde ubicar esos avisos? Como señala la Ley de Publicidad Estatal (Ley Nº 28874), se define según criterios técnicos como público objetivo, finalidad, cobertura, equilibrio informativo, entre otros. Es decir, se evalúa el alcance de los medios, a qué territorio llegan y a quién está dirigida la campaña como público central (porque, por ejemplo, según las mediciones, son los que en su mayoría no quiere vacunarse o no quiere que sus hijos/as vuelvan a clases). Es posible incluir también en la distribución a los medios estatales, pero ello requiere también que acrediten servicio, calidad, costo de mercado y cobertura; de igual modo, con los medios regionales o locales. Todo ello se calcula por “centrales de medios”, que hacen estas mediciones entre los diferentes medios de comunicación.

Hacia el futuro, valdría la pena retomar iniciativas que buscaron reformular la regulación actual, por ejemplo, para reforzar las mediciones respecto de medios locales o regionales o de los medios estatales y así puedan participar mejor en la distribución. Pero no se puede pretender que el criterio determinante de distribución sea el político o a que haya un direccionamiento a favor o en contra de ciertos medios en específico. Incluso se podría afectar de manera indirecta las libertades informativas por el “abuso de controles oficiales” (artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Además, la publicidad estatal, al margen del medio en que se ubique, no debe buscar exaltar personas, funcionarios o a las entidades en sí mismas, sino ideas, mensajes y acciones de interés público.

En la lógica de defender estos derechos, tampoco debería ser tan fácil remover –o no renovar contratos– de periodistas en medios del Estado, de todos los peruanos, y no del gobierno. Lleva nuevamente a reflexionar sobre la necesidad de reforzar, desde las leyes, que estos espacios son estatales y no gubernamentales. Una iniciativa que también podría promoverse desde el Congreso.

Los derechos a la libertad de información y expresión deben ser respetados por los medios de comunicación cuando desarrollan su labor, pero también por los gobiernos, por ser determinantes para formar una opinión pública libre en toda democracia que busque seguir siéndolo.