Titulación y privatización, por Marisa Glave

La privatización de las playas y la formalización de predios en situación de riesgo son dos caras de una misma moneda: la ausencia de una política urbana para los sectores populares y también para los pudientes. Esta ausencia se refleja nítidamente en la desaparición de la función social de la propiedad y la vivienda, quedando como mercancías.

Las fuerzas especulativas están detrás de la ocupación informal del suelo. Hoy casi no podemos hablar de invasiones, lo que hay es la ocupación del suelo por parte de traficantes que lucran con las necesidades de la gente. Sectores populares no atendidos por el mercado formal, sin un Estado que tenga una verdadera política de vivienda, caen en manos del mercado ilegal, que les venden –a valor futuro– un pedazo de tierra sin servicios y en situación de riesgo.

Digo que es el valor futuro, porque los traficantes cuentan con que el Estado formalizará esa propiedad y la dotará de luz y agua. Les venden terrenos de muy bajo valor real hoy, pero que saben que adquirirán ese valor por la acción del Estado. La titulación tenía un límite: el riesgo. Siendo el Perú un país sísmico, no se podía seguir entregando títulos de propiedad en zonas de riesgo.

El fin de semana se conoció en medios, gracias al Colegio de Arquitectos, que Cofopri tiene un borrador de decreto que permitiría titular en zonas en situación de riesgo. Así como lo lee, títulos con “carga”. Es decir, sabiendo que son zonas vulnerables no se hará una inversión para mitigar el riesgo. No, lo importante es el título, entonces se otorgará y se dejará como “carga” para el propietario el eliminar el peligro. Todos los que hemos trabajado en zonas de riesgo sabemos bien que las amenazas no se mitigan lote a lote, requieren intervenciones integrales y sin el Estado es prácticamente imposible. Ese riesgo no se mitigará.

Esa misma fuerza especulativa está detrás de la privatización informal de playas. Ojo, muchas personas que tienen casas en las urbanizaciones o clubes de playa, por ejemplo, de Cañete, son también informales. Compraron a desarrolladores que violaron la Ley de Playas de manera flagrante. Cerraron los accesos y lo hicieron con la complicidad de las autoridades municipales. Como lo importante es que haya propietarios, que paguen arbitrios, no importa que la ocupación de los balnearios sea informal, sin cumplir las normas y privando al resto de peruanos del acceso a un bien público. Eso no importa.

Soy testigo presencial de la supervisión de la SBN. En el caso de Cañete, se mostró que más del 70% de las habilitaciones de playa incumplen la norma. Las municipalidades no pueden decir que no saben que tienen responsabilidad. Contraloría las ha notificado y el 2020 debió iniciar una acción sancionadora por incumplimiento de funciones. La COVID-19 los salvó. ¿Hará algo la Contraloría este año o también convive con la especulación?