Armas de fuego

Estamos en un momento de alto riesgo. La precaria institucionalidad que tenemos pierde de manera acelerada legitimidad. El Estado, antes que dotarse de profesionales con capacidad para enfrentar los complejos problemas del país, se viene copando a modo de botín. Si no, no se explicaría el nombramiento y la defensa pública del doctor “Agua Arracimada” como ministro de Salud.

¿Esto es nuevo? ¿Nunca se había hecho? No, claro que no. Tenemos una larga lista de gobiernos que nombraron ministros incapaces, hicieron repartijas de cargos y adoptaron el carnet político como condición de contratación. Pero que se haya hecho antes no quita que sea doloroso que se haga también en un gobierno “del cambio”.

El problema es qué se hace ahora sobre un aparato público precarizado, en una sociedad que se mira a sí misma como rota, quebrada a su interior por abismos sociales que rompen cualquier sensación de comunidad y que, en general, no cree en sus gobernantes. Se hace en una sociedad que ve al propio Estado como un aparato inútil o, peor aun, como un estorbo para su desarrollo personal.

El desánimo es evidente. Caen la popularidad del Ejecutivo y del Legislativo. Los congresistas cargan con gran parte de la responsabilidad de la situación en la que estamos. Se pierden en conspiraciones golpistas antes que hacer un uso adecuado de las competencias que tienen de control político. Buscan una salida rápida, un arma de fuego “constitucional”.

Por si esto fuera poco, el premier Torres en lugar de buscar la recomposición de su gabinete –dice que su opinión sobre los ministros no importa– se ha entregado por completo a proponer falsas soluciones a problemas graves, como el de la inseguridad ciudadana. Una especie de populismo autoritario, como la “mano dura” clásica del fujimorismo.

Usando el miedo que generan los asaltos cotidianos y la sensación de impotencia que sentimos al ver el número de delincuentes reincidentes que tras ser arrestados son liberados, lanzan propuestas represivas que no van al fondo del problema y que, por el contrario, lo pueden agravar. Ya se declaró el estado de emergencia en la ciudad de Lima y no se ha resuelto nada. Ahora se plantea que los serenazgos municipales estén armados.

Los cuerpos de serenazgo no están preparados para el uso de armas. No solo desnaturalizaría sus funciones preventiva y disuasiva, sino que pondría a grupos armados, sin supervisión central, a disposición de los alcaldes, muchos con vínculos con traficantes de tierras o acostumbrados a amedrentar para el cobro de coimas. Sería algo peligroso para nuestra precaria democracia. Los gobiernos locales debieran ser el espacio para el diálogo y la vigilancia ciudadana, no para resolver los problemas con más balas.

El ejercicio del poder sin responsabilidad es un arma de fuego peligrosa. No nos engañemos, no hay soluciones rápidas a problemas complejos.