¿Qué queremos después?

¡Años ya los que llevamos en crisis! ¿Cuántos presidentes ha visto pasar este lustro? ¿Cuántos gabinetes ministeriales? ¿Cuántos parlamentos? ¿Dónde empieza esta crisis y por qué?

No estoy hablando del momento específico de inicio –que por lo demás ubico en los meses posteriores a la elección presidencial de 2016–, sino de que el origen de todas estas crisis está en la disputa por quién ostenta el poder y, principalmente, por quién goza de sus beneficios.

En este contexto la aparición de Pedro Castillo en el proceso electoral 2021 quiso mostrarse discursivamente como una confrontación hacia este tipo de disputa; la búsqueda de una representación del “pueblo”, ese que ahora mismo ya es solo un eslogan.

Y si bien “uno está en política para realizar los valores, no para recitar las palabras sagradas” (Íñigo Errejón), lo que vemos es que esos valores con los que se presentó (un hombre del pueblo y de izquierda) han quedado de lado para dar prioridad al conservadurismo, las agendas particulares y la supervivencia por encima de intento alguno de avanzar en las promesas de cambio que le llevaron a la segunda vuelta.

Así, en este periodo la crisis se ha visto agudizada al añadir a la disputa de poder el factor de los intereses que se benefician de este. Mientras que antes podía pensarse en actores diferentes, pero poderes e intereses similares detrás, ahora hay también una pugna entre cuáles y de quiénes son esos poderes e intereses en la sombra.

La muestra de que esta enésima crisis es parte de la misma dinámica de luchas entre intereses particulares, es que no ocurre por una gran apuesta política o confrontación ideológica respecto de lo que es mejor para el país y para el “pueblo”, sino por quién se queda con el fajín, quién duerme en Palacio y quién tiene más poder para sostener a sus “acollerados”. Esa es la raíz de cada una de las crisis políticas que nos acompañan desde 2017.

Frente a esta realidad, la respuesta no puede ser solo la remoción o salida de determinados miembros del gabinete (lo que no quita que sea urgente y necesario) o del Gobierno. Ni incluso un llamado a nuevas elecciones y “que se vayan todos”. Las soluciones reales son más estructurales y requieren un conjunto de reformas políticas, institucionales e incluso sociales.

Ahora que pareciera iniciarse una nueva oleada de manifestaciones y que la ciudadanía vuelve a tomar protagonismo para resolver lo que la clase política no puede, necesitamos preguntarnos no solo quién queremos que se vaya, sino qué queremos que venga.

Opciones como la vacancia, la renuncia, el cambio ministerial, no resolverán los temas de fondo de la ausencia de un proyecto democrático nacional. De hecho, podrían agudizarlos en un continuum de figuras políticas destituidas y crisis permanente en base al menudeo y el interés particular. Un día de la marmota en el que la ciudadanía no consigue lo que realmente quiere: un país mejor y una estabilidad con justicia.

No es fácil. Treinta años de discursos individualistas –donde el progreso depende solo de ti mismo y el Estado y lo público se ven casi como escollos para ello– y una polarización ficticia diseñada para distanciarnos, son un punto de partida desafiante para pensar en apuestas comunes.

No se trata de cambiar un sombrero por otro, sino de asumir el reto de un sistema político serio, con partidos nuevos, con una ciudadanía vigilante y permanentemente activa, con transparencia y efectiva lucha contra la corrupción. Un sistema que, además, permita responder a las justas demandas de amplios sectores sociales excluidos de los espacios de poder y que siguen viviendo en situaciones de profundo olvido y desigualdad. Asumir el reto de la radicalidad, pero de la radicalidad de la democracia.