Qué será lo que quiere Pedro

Los actos de corrupción en el círculo de asesores del presidente de la república señalados por la renunciante premier, Mirtha Vásquez, así como la resistencia a deshacerse de cuadros inmorales en la Policía Nacional, denunciada por el exministro del Interior, Avelino Guillén, han lapidado las promesas de Castillo de poner fin a la corrupción y al neoliberalismo que caracterizaron a los gobiernos durante las tres últimas décadas. Su legítima victoria, con un discurso popular de izquierda, fue resultado de una competencia desigual que se enfrentó a las garras del poder mediático y a una oposición inescrupulosa que organizó campañas locales e internacionales para instalar la idea de un inexistente fraude, desmentido por el JNE, observadores locales e internacionales.

Sin embargo, su tercer gabinete –liderado por el militante del Opus Dei y congresista electo por Renovación Popular, Héctor Valer– es conservador respecto de los derechos ciudadanos, ortodoxo en el manejo económico y contrario a las reformas. Así, el presidente le ha dado una bofetada a una población que bramaba por cambios y la respuesta ha sido una caída en picada de sus niveles de aprobación.

Ello ocurre a pesar de que el manejo económico, en el marco del complejo escenario signado por la pandemia, ha sido responsable. Se pudo contener la inflación, reducir el déficit fiscal a 2.6% –el más bajo de la región–, canalizar mejor los programas sociales, frenar la fuga de dólares y controlar el tipo de cambio que afectó a las monedas en todo el mundo. El caso del Perú se vio agravado debido a la campaña que organizó la oposición –expropiación de ahorros, bienes y peligro de convertirnos en “Peruzuela”– alimentada, entre otros, por la Fundación Internacional para la Libertad que preside Mario Vargas Llosa, con la participación del líder opositor venezolano, Leopoldo López.

El FMI ha destacado que el Perú es uno de los países que más han crecido en la región y, el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, ha alabado recientemente la gestión económica de nuestro país, al autorizar un crédito por US$ 500 millones destinado al sector rural. Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), agrupación de las 38 economías más desarrolladas y las emergentes más prósperas del mundo, ha invitado al Perú a iniciar los trámites para su afiliación.

El proceso de vacunación es un éxito y el Perú registra altas tasas de vacunación en América Latina y en el mundo. Además de una gestión eficiente, es probable que ello se deba al sufrimiento de ser el país con mayor número de muertos por COVID-19 con relación a su población a nivel mundial, motivado por la deficiente infraestructura en salud heredada de gobiernos anteriores.

Sin embargo, ello no es suficiente para impedir la crisis moral y de gobernabilidad impresa por Castillo, sus asesores y varios de los ministros de sus tres gabinetes, en sus apenas seis meses de gobierno. El impacto económico y político es de pronóstico reservado pues hay que añadir el sombrío panorama económico internacional. Nuestros principales socios comerciales, China y Estados Unidos, tendrán un crecimiento menor a los que se habían previsto en octubre y lo mismo ocurrirá en nuestra región. Para frenar la inflación más alta en 40 años, la Reserva Federal estadounidense incrementará sus tasas de interés a partir de marzo y con ello se encarecerán los créditos y se reducirá la demanda por nuestros productos de exportación.

Un crecimiento económico menor al 3% en el Perú no será suficiente para restablecer el empleo y, menos aún, para reducir la pobreza y la delincuencia, ya que el mismo se sustentará básicamente en las exportaciones de recursos naturales y no en la demanda interna.

Sin un liderazgo presidencial, asesores corruptos, un Congreso desacreditado que apuesta por intereses particulares y partidos políticos que carecen de representatividad ciudadana, la gobernabilidad y estabilidad política se derrumbarán como un castillo de naipes.